Un billón para el peor

El protocolo eléctrico pactado por el Gobierno y las compañías eléctricas establece un volumen de ayudas a la transición a la competencia, como se definen en el nuevo texto los costes de ineficiencia, de 1,988 billones de pesetas. Nada dice el texto sobre los criterios de cálculo de estos casi dos billones que tendrán que pagar los consumidores durante diez años a través de la tarifa; tampoco se sabe si se utilizó algún criterio o, simplemente, la cantidad surge de un pacto ciego entre las partes, con el objetivo, loable y probablemente único, de encontrar una solución rápida al problema eléctrico. Este vacío es peligroso, porque el criterio de cálculo no es neutral. Si aplicamos los modelos de compensación que se han utilizado en otros países, las compañías eléctricas percibirían de los consumidores las cantidades necesarias para compensar la inversión en activos fijos afectados por decisiones (supuestamente) políticas. Por citar un ejemplo aplicable a España, la inversión en las centrales nucleares en moratoria.

En terminología económica, las eléctricas recibirían los ingresos garantizados equivalentes al valor de los activos no recuperable en la vida útil de los mismos por la contribución de la diferencia entre el precio de mercado y el coste marginal a corto plazo de cada instalación. Éste es un compromiso regulatorio como el que se aplicó en California.

Si aplicamos este criterio que, en castellano real, equivale a reconocer y pagar las inversiones de los activos supuestamente ineficientes, las compañías españolas deberían percibir entre 500.000 y 900.000 millones como ayudas a la transición a la competencia, según los cálculos realizados por expertos independientes.

El abanico debe entenderse como la lógica variación según las proyecciones de otras variables, como la demanda eléctrica, los costes financieros o el desplazamiento de la demanda derivado de la elección de suministrador por algunos consumidores.

Pero entonces ¿por qué este sobrecoste para el consumidor de, un billón de pesetas? Pues porque las eléctricas pretenden, y el Gobierno admite, que la tarifa eléctrica les pague no sólo la inversión ineficiente sino también las ayudas necesarias para garantizar que tales inversiones obtienen los mismos beneficios que conseguirían si no hubiera competencia.

En una maniobra claramente abusiva y costosísima, las empresas se garantizan, con dinero del usuario, en primer lugar la devolución del coste de la inversión obsoleta, admisible en un esquema de reconversión, y después los beneficios que obtendría esa inversión en un sistema regulado como el actual. Un negocio redondo... que roza el fraude al consumidor.

Si los números expuestos son correctos, el procedimiento pactado por las eléctricas y la Administración sería disparatado y abusivo. El billón de regalo equivale al 5% anual de la tarifa durante los próximos diez años. Piense el lector que, por lo tanto, en un régimen de libre competencia -que es al que, por cierto, quiere ir el Ministerio de Industria- su tarifa eléctrica sería el 8% inferior a la actual, supuesto que el 3% que ya ha pactado Industria se consigue recortando gastos externos a la estructura de generación y que se admitiera el pago a las empresas de la inversión ineficiente (900.000 millones como máximo).

El consumidor, que ha sufragado durante los últimos tres lustros las deficiencias de gestión de las eléctricas, se verá obligado a pagar además, durante diez años, los beneficios que no se han ganado en el mercado.