El salario social se congela en 1997
El Gobierno regional ha congelado el presupuesto del Ingreso Madrileño de Integración (IMI), o salario social, para 1997. A partir de enero, la Comunidad destinará 3.372 millones a este ingreso para pobres, al que este año ha dedicado 3.330 millones.Paloma López, secretaria de Política Social de CC OO-Madrid, cree que la congelación agravará problemas que ya existen desde hace dos años: el aplazamiento y los retrasos en el cobro de esta prestación de unas 40.000 pesetas mensuales que perciben 7.500 familias.
La clave de las demoras está en que la demanda crece más que los presupuestos. En 1994 hubo una media de 7.215 perceptores mensuales y en 1995 fueron 7.405. En septiembre percibían esta ayuda 7.450 familias que en octubre pasaron a ser 7.696. CC OO reclama que, al menos, se contemple una subida igual a la del IPC. "Personas en una situación de pobreza no pueden esperar cuatro meses, que en los periodos de atasco llegan a ser seis, desde que solicitan el IMI hasta que lo cobran", añade López.
Nieves Alonso, coordinadora del IMI en la Comunidad, reconoce que se han producido retrasos durante el verano, pero asegura que, desde septiembre, el IMI se cobra ya con normalidad.
Último recurso
El problema de fondo es que este salario social, que nació como una ayuda para personas en situaciones de marginación, ha acabado convirtiéndose, tras los recortes en la prestación por desempleo, en un último recurso para los parados."En realidad habría que empezar a hablar de un programa de rentas mínimas más que de un ingreso de integración, porque cada vez lo solicitan más personas que no pueden considerarse marginados", concluye López.
Este programa nació en 1991. Desde entonces han pasado por él 23.464 unidades familiares, un 30% formadas por mujeres que crían a sus hijos en solitario. Cada vez hay más personas solas (un 29,5%), sobre todo hombres, que reciben está ayuda social.
En todo este tiempo, 18.162 beneficiarios han dejado de percibir el IMI. Un 38% porque ha mejorado su situación y un 46% porque se considera que han rechazado participar en su proceso de integración (por ejemplo, escolarizar a los hijos). Aparte de, la prestación económica, todos los años de destinan 300 millones para proyectos laborales.
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