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Los Presupuestos de 1997 dejan rezagadas a las Comunidades administradas por el Gobierno

Las regiones perjudicadas deben ser compensadas, según el Consejo Escolar

Los Presupuestos para 1997 dibujan un país de dos velocidades en educación no universitaria. Por delante van seis de las siete comunidades con competencias, que incrementan sus presupuestos entre el 8,3% y el 2,5%. Atrás se queda el denominado territorio MEC, constituido por las 10 comunidades que dependen del Ministerio de Educación y Cultura, cuyas dotaciones para enseñanza no universitaria (927.635 millones) suben respecto a 1996 sólo un 1,5%, por debajo de la previsión de inflación, de un 2,6%. A falta de que los proyectos presupuestarios superen los trámites en los respectivos parlamentos, el panorama es sombrío para estas 10 comunidades, que además afrontan una dura negociación con el Gobierno para asumir las competencias el 1 de enero de 1998.La ministra de Educación, Esperanza Aguirre, calificó en el Congreso el Presupuesto de "riguroso y solidario, pero suficiente" para cubrir las necesidades. Sin embargo, su colaborador al frente de la Secretaría General de Educación, Eugenio Nasarre, se inclinó por otros adjetivos: "excepcional, extraordinario". Fue durante la discusión del proyecto en la Comisión de Presupuestos del Congreso, y Nasarre aludía así al objetivo gubernamental de "la máxima austeridad posible y la máxima contención del gasto público".

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Lo cierto es que la austeridad recaerá especialmente sobre las comunidades que aún no tienen en sus manos la educación no universitaria: Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Madrid y Murcia. La escasa entidad del incremento de un año a otro -de 913.980 a 927.635 millones para este sector educativo, según la previsión presupuestaria- no es una novedad para estas regiones, teniendo en cuenta el historial de los últimos años.

Evolución del gasto

Los datos oficiales del ministerio sobre la evolución del gasto público global en educación durante el período 1985-1994, bajo gobiernos socialistas, son elocuentes. Si se parte de 100 y se habla en pesetas constantes -descontando el efecto de la inflación-, el gasto en el territorio MEC ha llegado a 138, a considerable distancia de Andalucía (211), Cataluña (210), Comunidad Valenciana (207), Canarias (200), Galicia (193), País Vasco (191) y Navarra (152, aunque contando sólo desde 1990).Los expertos no atribuyen a estos datos estadísticos un valor absoluto, ya que la situación no es homogénea: Canarias y Andalucía padecen insuficiencias importantes, mientras que el País Vasco y Navarra se encuentran entre las mejor dotadas. No obstante, es más que evidente la relación directa entre transferencias asumidas e incremento del gasto.

La tendencia para 1997, un año que será crucial para, las 10 comunidades sin competencias, apenas cambia. En educación no universitaria, sus cifras crecen conjuntamente un 1,5% respecto a 1996. Por encima quedan Canarias (8,3%), Navarra (5,7%), Euskadi (4,9), Comunidad Valenciana (4,35), Cataluña (3,5%) y Galicia (2,5%). Sólo Andalucía, con un 1,1%, se queda a la zaga. Es decir, el cinturón educativo aprieta más en unas regiones que en otras.

Las comunidades que tienen pendiente la negociación de las trasferencias con el Gobierno hay han planteado sus principales reivindicaciones, y una de ellas es que el Presupuesto de 1997, debido a su fuerte carácter restrictivo, no sirva para hacer cálculos, como pretende el Ejecutivo.

También exigen que el ministerio financie la construcción de 239 centros de secundaria que, según la previsión oficial de 1996, son necesarios para implantar adecuadamente la reforma establecida por la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). Aunque las partidas aún no están perfiladas, y en algunos casos ni siquiera esbozadas, la diferencia entre unas y otras posiciones podrían elevar el costo de los traspasos de un billón a 1,2 billones de pesetas.

Críticas socialistas

Las principales críticas socialistas a los Presupuestos presentados por Esperanza Aguirre en el Congreso son, por un lado, que ponen en riesgo la reforma educativa, justamente cuando comienza a aplicarse la Educación Secundaria Obligatoria, y, por otro, que abren una brecha entre las comunidades autónomas.En el debate del pleno del Congreso, el portavoz de Educación del PSOE, Joan Romero, citó el último informe anual del Consejo Escolar del Estado, que se refiere al curso 1994-95, pero fue aprobado el pasado 5 de julio, bajo la presidencia del ex consejero gallego de Educación Juan Piñeiro, del Partido Popular. En el informe se considera "conveniente que se compense de inmediato a aquellas comunidades autónomas con una deficiente red de centros de secundara para que las oportunidades sean iguales en todo el Estado". El Consejo añadió que la financiación "no sólo es escasa sino diferente en unas y otras comunidades".

Izquierda Unida, en cuyas filas ya se oye hablar de la "deuda histórica educativa" del Estado con diversas comunidades, ha acusado al Ejecutivo de disminuir la dotación "en pesetas reales", mientras Comisiones Obreras critica al Gobierno de José María Aznar por asumir la financiación educativa sólo como "un accidente del Presupuesto". Para este sindicato, las cuentas para 1997 "sentencian las desigualdades territoriales" y, de hecho, boicotea el proceso de trasferencias.

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