El Gobierno baraja un contrato de larga duración con un menor coste por despido

El Gobierno estudia un nuevo contrato laboral de larga duración con una indenmización por despido menor que la actual y fijada desde el comienzo del contrato. El Ejecutivo quiere reducir las diversas modalidades de contratación temporal a cuatro con el objetivo de crear empleo estable y ésta es una de ellas. El Ejecutivo esperará a que sindicatos y empresarios pacten una nueva reforma laboral, pero si hay acuerdo deberá modificar la ley. Aunque fuentes del Gobierno no han querido precisar la duración de ese contrato, el presidente de la patronal catalana Fomento del Trabajo -la CEOE en Cataluña-, Juan Rosell, concretó ayer que es de un periodo de "10 años de duración y con una indemnización pactada de antemano".

Juan Rosell volvió ayer a su campaña particular por la reforma del mercado laboral. Quizá animado por las recientes declaraciones del presidente Aznar en la sede de la patronal Fomento, que preside, adelantó que el Gobierno prepara un nuevo contrato a 10 años con despido pactado. Ésta sería una de las cuatro modalidades a las que se reducirían las actuales 14 modalidades de contratos temporales. Las otras son los de fomento del empleo, el temporal y el de obra y servicio. Su indemnización más probable sería de 20 días por año trabajado, lejos de los 45 días que rigen en los casos de despidos procedentes. Rosell explicitó e esta nueva propuesta sería una variante del llamado contrato Farreres, en referencia al consejero de Trabajo de la Generalitat, que fue el primero en proponer algún tipo de contrato que fomentara el empleo indefinido e incluyera una indemnización por despido pactada desde el primer día.Fuentes de Trabajo no quisieron precisar los detalles. Otras fuentes gubernamentales reconocieron que, efectivamente, se maneja una contrato indefinido por una cantidad que rondaría los 10 años. En Trabajo se aseguró que se respetarán los progresos que hagan sindicatos y patronal en sus negociaciones, entre las que está la de reducir las modalidades. El coste del despido es el escollo de la negociación, que, a criterio de Rosell, puede provocar la intervención del Gobierno. En discusión estaría si en mitad del contrato la indemnización es la pactada o no si el despido es improcedente.

Según Rosell, que participaba en una reunión con la Asociación de Periodistas de Información Económica de Cataluña, en el caso de que las negociaciones entre patronal y sindicatos no prosperaran, "el Gobierno propondría incluso la modificación" de los artículos 54 y 55 del Estatuto de los Trabajadores para dar cabida a esas nuevas formas de contratación. Precisamente, cuando se planteó en Cataluña el despido pactado, el presidente de la CEOE, José María Cuevas, se alejó de la propuesta asegurando que eso requería cambiar la ley.

Rosell no se refirió en ningún momento a la dificultad parlamentaria que significaría esa modificación ya que, al tratarse de una Ley Orgánica, precisa una mayoría de dos tercios de la Cámara. Lo que si dijo es que, aparte del PP, los nacionalistas vascos y catalanes están de acuerdo en esta modificación en cuyo espíritu también participan Coalición Canaria y Unión Valenciana.

Rosell, un hombre próximo al PP que sonó para presidir alguna empresa pública e incluso para ministro, ha sido el primer dirigente patronal en tomar la palabra tras el discurso de Aznar sobre este asunto. El presidente del Gobierno dijo el pasado viernes, precisamente en la sede de Fomento, que si en las primeras semanas de enero no se alcanzaba un acuerdo entre patronal y sindicatos, el Gobierno legislará en materia laboral sentando las bases de lo que llamó el contrato del siglo XXI

El secretario de organización de Comisiones Obreras, José María Fidalgo, manifestó a este diario que su sindicato desconoce la existencia de posibles acuerdos en la mesa de contratación. Fidalgo mostró su sorpresa y dijo desconocer la propuesta del contrato de 10 años sobre la que por lo tanto "no me atrevo a efectuar valoraciones". El secretario de acción sindical de UGT, Toni Ferrer, indicó que el Gobierno trata de torpedear las negociaciones, "que están muy verdes". "Desde hace semanas nos envían mensajes que ni siquiera se nos dirigen directamente, sino que lo hace a través de los medios de comunicación".