"Clanes mafiosos utilizan el Estado para sus intereses"

A medida que Rusia se aleja en el tiempo del mundo soviético, Yuri Bóldirev, un político de 36 años que ha combatido la corrupción desde distintos cargos, se ha vuelto más pesimista sobre las posibilidades de controlar con éxito el uso que el Gobierno hace de los fondos públicos. Sin embargo, desde su puesto de vicepresidente de la Comisión Contable de la Federación Rusa (CCFR), el supremo órgano de control de los gastos del Estado, este ingeniero electrónico que formaba parte del equipo con el que Borís Yeltsin llegó al poder en 1991, no ha tirado aún la toalla. Bóldirev fue miembro del Consejo de la Federación (Cámara alta) y militante de, Yábloko, el grupo del economista liberal Grigori Yablinski.La CCFR, una institución formada por representantes de las dos cámaras parlamentarias (la Duma Estatal y el Consejo de la Federación), comenzó a funcionar en la primavera de 1995 y es hoy la única institución independiente del Ejecutivo y del presidente de Rusia, autorizada a fiscalizar al Gobierno. Sus escandalosas denuncias, sin embargo, suelen quedar sin respuesta, y el Ejecutivo, según Bóldirev, tiene planes para cortar las alas a la comisión. Para ello, ha preparado un proyecto de ley, cuya esencia es crear un "órgano dependiente del Gobierno para controlar al Gobierno"."El sistema de corrupción del Estado existe desde hace tiempo, pero hace algunos años estaba claro cómo se podía luchar contra este fenómeno, y ahora, por desgracia, no hay perspectivas, y yo soy pesimista", afirma Bóldirev en una conversación con EL PAÍS.

Bóldirev, que en 1993 fue destituido como inspector jefe de los bienes del Es tado cuando se proponía iniciar una investigación en SverdIovsk, la provincia de los Urales que Borís Yeltsin dirigió durante casi una dé cada antes de tras ladarse a Moscú en 1995, insiste en mantener un lenguaje neutro, apegado a las cifras, aunque, a veces, no puede evitar referirse a los "clanes mafiosos" que "utilizan el Estado en función de sus intereses, e representan sólo a sí mismos y trabajan Ios unos para los otros".El ámbito de inspecciones emprendidas por la CCFR es muy amplio y va desde la guerra de Chechenia, donde el Gobierno gastó 11 billones de rublos (casi 400.000 millones de pesetas) no previstos en el presupuesto, a las subastas de privatización de importantes empresas estatales, que a fines de 1995 fueron adjudicadas a bancos amigos del Gobierno, pasando también por la gestión del primer canal de la Televisión Pública Rusa (ORT).

El nombramiento del banquero Borís Berezovski como vicesecretario del Consejo de Seguridad de Rusia y, antes, de Vladímir Potanin como primer viceprimer ministro del Gobierno de Rusia son para Bóldirev dos hechos que "confirman el lamentable estado del poder ejecutivo en Rusia". Berezovski es primer vice del Consejo de Directores de ORT, y Potanin dirigía el banco Onexim Bank, uno de los beneficiados en las subastas restringidas de privatización mediante las cuales el Gobierno cedió hace un año, a cambio de créditos bancarios, sus paquetes de control en empresas estratégicas.

Según la denuncia de la comisión contable ante la Fiscalía del Estado, en noviembre y diciembre de 1995, el Ministerio de Finanzas de la Federación Rusa ingresó algo más de 600 millones de dólares (unos 77.000 millones de pesetas) en concepto de "recursos financieros del presupuesto federal temporalmente disponibles" en las cuentas de bancos comerciales rusos. Algo más de la mitad de esta suma (43.000 millones de pesetas) había sido depositada en los tres bancos vencedores en cinco de las subastas. Como resultado de la operación, el Gobierno ruso recibió una suma semejante a la que había depositado previamente. Bóldirev afirma que las subastas de privatización fueron operaciones ficticias", una operación planeada a conciencia para enajenar la propiedad del Estado a precios rebajados". La CCFR ha propuesto a la Fiscalía del Estado incoar un proceso penal y dirigirse a un tribunal de arbitraje para que anule las subastas, pero la Fiscalía ha agotado el plazo disponible para responder sin dar una respuesta autorizada a la comisión, afirma Bóldirev.

En lo que se refiere a la cadena de televisión ORT, la inspección de la CCFR esa compañía, que en un 51 % es de propiedad estatal, reveló, según Bóldirev, la pérdida de 512, millones de pesetas en una operación consistente en tomar prestada a un banco comercial una cantidad en divisas a un alto interés y depositar esa misma cantidad en el mismo banco a un interés muy reducido. "Operaciones como éstas deben investigarse, y los responsables, incluido Berezovski, deben ser castigados, pero por desgracia los organismos competentes no sacan conclusiones y Berezovski ha sido nombrado vicesecretario del Consejo de Seguridad", señala. Y puntualiza: "No me he dedicado a rastrear los intereses de magnates concretos. Simplemente, apoyamos procedimientos que garanticen la defensa de los intereses de Rusia".

Partiendo de su concepción de los intereses de Rusia, Bóldirev da a los potenciales inversores extranjeros en éste país consejos que en nada se parecen al mensaje del Gobierno, ávido de créditos y de un boom inversionista con fe ciega en el futuro. Invertir en proyectos avalados por el Gobierno, pero no por luna ley, puede resultar ."peligroso", porque algún día, "mañana o dentro de diez años", el poder judicial puede tomar decisiones que anulen lo que hoy parece definitivo, ya sea la privatización de una empresa o la explotación conjunta de un campo de petróleo.

Mientras, la Duma estatal ha instado a la CCFR a que investigue si hubo uso indebido de fondos en la campaña presidencial de Yeltsin que concluyó con su reelección el pasado 3 de julio.