Los sindicatos aceptan descentralizar el Inem, pero con un control estatal
Los sindicatos CC OO y UGT aceptan la descentralización del Instituto Nacional de Empleo (Inem) y el traspaso de la gestión de las políticas activas de empleo a las comunidades autónomas iniciada por el Gobierno, pero siempre que haya un control estatal de esa política y una normativa común para todas las autonomías. Los dirigentes de CC OO y UGT Lola Liceras y Pedro Díaz Chavero hicieron ayer esa advertencia al ministro de Trabajo, Javier Arenas, en la reunión con la que se abrió la reforma del Inem. También le pidieron que "no se precipiten las transferencias a las comunidades sin haber definido antes el modelo del futuro servicio público de empleo".De las negociaciones que el Gobierno mantiene con las autonomías, la emprendida con Cataluña parecía muy avanzada hasta hace tres semanas en que Convergència i Unió (CiU) planteó que, además del traspaso de las políticas activas de empleo -intermediación entre empresas y trabajadores y formación ocupacional-, quiere también gestionar las políticas pasivas -pago de las prestaciones por desempleo-. Ese diálogo se encuentra ahora bloqueado y ayer el secretario general de Empleo, Manuel Pimentel, afirmaba que "las peticiones de CiU exceden el listón de lo acordado en el acuerdo de investidura [del presidente José María Aznar]". Prevé que esas negociaciones se pueden retomar en los próximos días.
Las direcciones confederales de CC OO y UGT siguen con enorme atención el diálogo entre el Gobierno del PP y los nacionalistas catalanes "por si esa negociación limita y condiciona la reforma del Inem" y porque "en ningún caso" aceptarán que se transfiera a las autonomías el reconocimiento y pago de las prestaciones de desempleo.
En la reunión de ayer del Consejo General del Inem, en el que están representados la Administración, la patronal CEOE y Los sindicatos CC OO, UGT, ELA-STV y CIG, el ministro de Trabajo propuso el inicio de una negociación "para definir el servicio público de empleo del siglo XXI" y su intención es culminar el debate en el primer semestre de 1997.
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