El tribunal de cuentas navarro denuncia irregularidades en la construcción de la autovía Pamplona-Vitoria

Las obras públicas en Navarra siguen bajo sospecha. Después de que Gabriel Urralburu y Antonio Aragón, ex presidente y ex consejero de ese departamento durante la etapa socialista, hayan sido procesados por presunto cohecho, un informe de la Cámara de Comptos (Tribunal de Cuentas navarro, cuyos orígenes se remontan al siglo XIV) denuncia ahora graves irregularidades en la Adjudicación y la ejecución de la autovía Irurun-Alsasua, realizada durante el primer Gobierno de UPN (de 1990 a 1995), presidido por Juan Cruz Allí, y cuyo gasto total asciende a 13.004 millones de pesetas.

Si la autovía del Leizarán que une Pamplona con San Sebastián ha sido una tumba de secretos inconfesables para algunos dirigentes del Partido Socialista de Navarra (PSN), la de la Barranca, que enlaza Pamplona con Vitoria, puede causar quebraderos de cabeza a Unión del Pueblo Navarro (UPN), formación regionalista federada con el PP que hoy gobierna Navarra bajo la batuta de Miguel Sanz.El informe de la Cámara de Comptos denuncia la actuación del ex consejero de Obras Públicas José Ignacio López Borderías, que adjudicó tramos contra el parecer de los técnicos; destaca el incremento del 33,3% del precio de la obra, 10.367 millones, sobre el inicial, y critica el sistema de adjudicación realizado. Aunque se empleó el concurso, los criterios de selección y los baremos se establecieron a posteriori, una vez conocidas las ofertas de los licitantes.

Los auditores señalan asimismo que se registraron 22 modificaciones contractuales en los cuatro, tramos de la obra, de 25,9 kilo metros, que constituye el cierre de la conexión de alta capacidad Pamplona-Vitoria. Una de ellas consistió en el cambio de firme rígido a flexible en el tramo I

Sobre este último punto, el informe, firmado, por el presidente de la Cámara, Francisco Javier Tuñón, indica que el contratista alegó que con ese cambio sería más probable el cumplimiento de los plazos de construcción.

Los auditores, son especialmente críticos con algunas de las decisiones de López Borderías, hoy se nador por UPN en Madrid. En el tramo I, la adjudicación (31 de di ciembre de 1990) se realizó por el consejero "en contra de la valoración efectuada por el informe técnico de las propuestas presentadas y sin que quede adecuadamente justificado dicho cambio en la elección del adjudicatario".

"Curiosamente", señala, "la adjudicaciónindica basarse en los informes técnicos, que, sin embargo, colocan a la empresa que resulta adjudicataria en los últimos lugares con una diferencia sustancial con el propuesto en primer lugar por el citado informe técnico". La ajudicataria fue la UTE Irurtun, formada por las empresas Navasfalt, Elkarte, Oloquiegui, Asfaltos de Biurrun y Trabit. Se le adjudicó en 1.578 millones.

El informe señala que en los tramos III y IV, López Borderías adjudicó (22 de febrero de 1993) al concursante propuesto por el director del Servicio de Caminos sin que se expresaran las razones concretas ni se adjuntara la puntuación obtenida por los distintos licitadores. El tramo III se adjudicó en 2.446 millones a la UTE Arbizu, formada por Cubiertas Mzov, Urbanizaciones Iruña, Construcciones Azpíroz y Saralegui, Obras Especiales de Navarra y Excavaciones Luciano Elkarte. Y el IV lo fue a Agromán en 1.953 millones. El tramo II lo obtuvo (31 de diciembre de 1990) Dragados y Construcciones en 1.795.

"El procedimiento de selección de contratista de los cuatro tramos evidencia un alto grado de discrecionalidad por parte de la Administración ( ... ) agravado en algunos casos por la adjudicación en contra de los informes técnicos o con ausencia de los mismos", dice el informe fiscalizador.

La seguridad en la construcción de esta autovía es otro de los apartados en los que han buscado los técnicos del Tribunal de Cuentas. El Gobierno Foral acordó el 4 de julio de 1991 extender estos servicios a esta obra por su proximidad con, la autovía de Leizarán, cuyas obras fueron objeto de numerosos atentados de ETA. Y, al igual que en esta última, también se han detectado irregularidades.

López Borderías adjudicó la seguridad a dos empresas diferentes. A Prosehi, con un gasto de 186 millones, y a Guadiamar-Vanguardia de Seguridad, con 289. De Prosehi los auditores señalan que obtuvo el contrato mediante una adjudicación directa realizada el 22 de octubre de 1991 sin haberse solicitado propuestas económicas a otras empresas y "meses después de que viniera prestando sus servicios".

"Curiosamente, el contrato aprueba un gasto de 50 millones que a dicha fecha ya se había triplicado, y el 23 de octubre de 1992 se aprueba una modificación incrementando el gasto en 100 millones que a dicha fecha ya estaban gastados, comunicándose en este momento a la empresa la denuncia del contrato por parte del Gobierno de Navarra", se señala.

Se destaca, asimismo, la inadecuada redacción de los pliegos de condiciones, que en algunos aspectos limita la posibilidad de sanciones por una incorrecta prestación de servicios. Asimismo, el informe señala que la liquidación final de esta empresa supone un incremento de un 25,6% sobre el presupuesto aprobado y sus modificaciones.

Sobre la desviación entre el precio total certificado y la adjudicación inicial, los auditores aclaran que el 33,3% se reduce hasta un 10,6% al incluir las modificaciones y hasta un 6,3% por un cambio legislativo en la aplicación del tipo de IVA.

El informe de 43 folios redactado por la Cámara ha caído como una bomba en el actual Gobierno de UPN, que, como es preceptivo, ha recibido una copia para que realice las alegaciones oportunas y cuyo consejero de Obras Públicas, José Ignacio Palacios, acaba de tomar nuevas medidas para dar una mayor transparencia y control. a la obra pública.

Hace varios años, López Borderías tuvo que dar algunas explicaciones públicas sobre el origen de su patrimonio inmobiliario.