La Fiscalía no descarta sanciones tras la inspección en la Audiencia Nacional

La inspección realizada por el Ministerio Fiscal durante 16 días en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, una vez elaborada y entregada al fiscal general del Estado, es probable que desencadene expedientes disciplinarios contra algunos fiscales. Fuentes conocedoras de la investigación no descartan futuras sanciones, si bien estiman que en la conducta de los fiscales inspeccionados se han encontrado más tensiones mutuas que infracciones, por lo que aseguran que los expedientes disciplinados, si los hay, serán pocos.

Fuentes de la Audiencia Nacional calificaron de especialmente grave, si se confirma lo hasta ahora conocido, que la fiscal encargada del caso del atentado de ETA contra José María Aznar encargara un informe sobre huellas dactilares a la policía y no lo aportara al sumario. Desde el Ministerio Fiscal se recuerda que tal conducta puede ser "irregular" y sancionable, como falta muy grave, con suspensión o separación. Tales fuentes recordaron que los fiscales deben contar con el juez instructor para una iniciativa de ese tipo y darle cuenta del resultado.Otras conductas de los fiscales investigadas son consideradas de menor entidad desde una perspectiva judicial. En general, se estima, según estas fuentes, que los enfrentamientos entre los fiscales, que han derivado en la comunicación de órdenes por escrito y un cierto envaramiento en la relación cotidiana, son difícilmente estimables como infracciones y en algunos casos estarían ya prescritas.

Los problemas entre los fiscales trascendieron en relación con el caso GAL y tuvieron su punto culminante cuando el fiscal jefe, José Aranda, ordenó por escrito a Pedro Rubira que pidiese una fianza para que el general Enrique Rodríguez Galindo -procesado y en prisión provisional por el caso Lasa-Zabala- pudiera salir en libertad. La "no oposición" de Rubira a que el tribunal acordara la libertad bajo fianza originó un gran escándalo y fue considerada desobediencia. El Estatuto del Ministerio Fiscal define como falta muy grave "el incumplimiento de las órdenes recibidas".

Imponer orden

Aquel incidente, durante el mandato del anterior fiscal general, Carlos Granados, suscitó el interés por la actitud que adoptaría el nuevo, Juan Ortiz Úrculo. Preguntado por este periódico sobre si pensaba "imponer orden respecto a las diferencias de criterio de los fiscales", Ortiz Úrculo contestó a principios de octubre: "Si hay que hacer algo, lo voy a hacer ( ... ) y se va a ver el resultado ( ... ). Se ha percibido alguna inquietud ( ... ) y mi deber es arreglar aquello. que no esté funcionando debidamente".Tras la visita de Ortiz Úrculo a la fiscalía, a mediados de octubre, en la que exigió a los fiscales un cambio de comportamiento ante la prensa, un equipo de la inspección, dirigido por su jefe, Juan José Martínez Zato, inició el 17 de octubre una tarea que concluyó el 4 de noviembre.

Ante la publicación de algunos datos sobre la fiscal María Dolores Márquez, en relación con la investigación del atentado a Aznar, y sobre el fiscal Ignacio Gordillo, por sus contactos con el abogado de HB Íñigo Iruin, de la acusación popular en el caso Lasa-Zabala, los fiscales dirigieron el lunes pasado un escrito a Ortiz Úrculo en el que se quejaban de sentirse indefensos ante una filtración que "desprestigia no sólo a este colectivo, sino a toda la institución".

La respuesta no fue una nota oficial de la Fiscalía General, sino de la Inspección, para decir que ella "en ningún momento ha facilitado información alguna a los medios de comunicación, siendo, por tanto, ajena a cualquiera de las especulaciones que en aquéllos se hacen sobre determinados comportamientos irregulares".