El Gobierno vasco quiere que los desmanes callejeros sean juzgados en un mes

El plan elaborado por el Gobierno vasco para combatir la violencia callejera de los simpatizantes de la banda terrorista ETA plantea que los autores de delitos de disturbios y desmanes flagrantes o menos graves sean juzgados en el plazo máximo de un mes. Para garantizar la aplicación sistemática de los procedimientos de urgencia, el plan que el Consejo de Gobierno del Ejecutivo autonómico debe aprobar formalmente en fechas próximas propone la rápida reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El plan del Gobierno de Vitoria plantea introducir reformas inspiradas en la legislación laboral para conseguir que la ejecución efectiva de los sanciones judiciales y de las multas administrativas se produzca en un plazo inferior a los dos meses.La inmediatez en las condenas y sanciones es el elemento clave del plan de actuación, cuyo estudio fue iniciado hace un año, unos meses después del estallido de una violencia callejera que hasta esas fechas se había mantenido en unos límites mucho menos virulentos, más controlables. Acabar con la impunidad, objetiva o subjetiva, que parece alentar a los protagonistas de los desmanes es el fin inmediato de este programa de 115 medidas elaborado en la denominada Mesa plural del Gobierno vasco por los viceconsejeros de Interior, Trabajo y Justicia, Educación, Industria y Cultura.

Buena parte de estas medidas, 42 en total, pertenece a la esfera de Educación, 26 de ellas a la de Justicia, 23 a Trabajo, 17 a Protección Pública y 7 a Acción Social. Constituyen en conjunto un amplísimo abanico de actuaciones que van desde la regulación de las normativa punitiva de las manifestaciones ilegales a las ayudas empresariales por la contratación de jóvenes, pasando por la prevención de actos vandálicos en los transportes, la vía pública y los establecimientos.

En la lista de medidas, de naturaleza legislativa, ejecutiva, formativa y de comunicación y sensibilización social, figuran asimismo la regulación de la venta de cohetes pirotécnicos, utilizados profusamente como proyectiles, y de clorato potásico y ácido sulfúrico, sustancias fácilmente adquiribles hasta ahora en las droguerías y profusamente utilizadas en la fabricación de artefactos incendiarios.

La transferencia de los servicios penitenciarios, la mejora del derecho a la Objeción de Conciencia, la creación de una "normativa de convivencia" en los centros escolares, la instalación de una red de centros para menores infractores y otros para el cumplimiento alternativo de las penas, la formación del profesorado en escuelas conflictivas, forman parte igualmente de este plan, seguido con atención por los ministerios de Interior y de Justicia.

Además de establecer un turno de oficio específico para los menores de edad, prevenir el absentismo escolar y las drogodependencias, fomentar los valores de la convivencia, pluralismo y tolerancia, y promover la sustitución de las penas de reclusión por los servicios a la comunidad, el Ejecutivo autonómico se propone "impulsar el reconocimiento de las víctimas de los GAL, apuesta por el acercamiento de los presos vascos a Euskadi y anuncia medidas de normalización lingüística".

Más que a través de las condenas y sanciones económicas en sí, los autores del plan, inspirado en el informe redactado meses atrás por un grupo de sociólogos dirigido por Javier Elzo, buscan la ejemplaridad como resultante de la inmediatez en la resolución de los procesos judiciales y en la exigencia de las responsabilidades pecunarias. Más aún, conscientes de la manipulación que los promotores de la violencia callejera ejercen sobre una parte de los jóvenes y adolescentes vascos, pretenden que la sanción judicial o administrativa sea aplicada en aras de la reinserción.

En la medida de lo posible, se trata de evitar que el encarcelamiento de estos jóvenes por tiempo prolongado, su equiparación indiscriminada con los integrantes de grupos organizados y experimentados en la provocación de disturbios termine por arrastrarles hacia el remolino creado en torno a la propia ETA.