Los peligros del pacto de estabilidad alemán

En principio, no puede haber nadie que esté en contra de la estabilidad macroeconómica; de ahí que el Pacto de Estabilidad propuesto por el ministro alemán de Finanzas, Theo Waigel, tenga sentido tanto desde el punto de vista económico como político. Sin embargo, la propuesta alemana es excesivamente dura.Una vez iniciada la tercera fase de la unión monetaria, el 1 de

enero de 1999, la estabilidad monetaria estará asegurada a través del Banco Central Europeo, pero en el caso de la estabilidad fiscal sólo existen las recomendaciones y procedimientos para evitar déficit públicos excesivos establecidos en el artículo 104 c) del Tratado de Maastricht. El deseo alemán es que dichas recomendaciones, que, como casi todo lo dispuesto en el tratado en los aspectos fiscales, son algo vagas y sujetas a interpretaciones más o menos flexibles, queden claramente interpretadas, e incluso cuantificadas de forma muy restrictiva, para asegurar una fuerte disciplina fiscal, que, por cierto, casi ningún país europeo

ha mantenido en los últimos años, empezando por la misma Alemania después de su unificación. Desde el punto de vista político, a Alemania le interesa también dejar claro a sus ciudadanos que el Banco Central Europeo va a ser tan antiinflacionista como el Bundesbank y que los países que inicien la tercera fase van a seguir siendo extremadamente cuidado sos con su política presupuestaria, con lo que no deben temer pasar del marco al euro, ya que éste será tan estable como aquél y no perderán valor con el cambio. La propuesta alemana tiene, por tanto, como objeto "reforzar y simplificar" él procedimiento de déficit excesivos del tratado. Para ello, en primer lugar, cuantifica, las bandas de fluctuación de los

déficit públicos, que no deberán exceder del 1% del PIB en tiempos normales y del 3% del PIB en situaciones difíciles.

En segundo lugar, define con claridad el término "excepcional y temporalmente" a que se refiere el tratado cuando permite que pueda sobrepasarse el 3%. Respecto del primero, la propuesta alemana establece que no siendo un hecho realmente excepcional, como una catástrofe natural, dicho exceso sólo se podrá admitir en caso de una severa recesión, y ésta se define como cuatro trimestres seguidos con crecimiento negativo o una caída del PIB real, en un año, del 2%. _Respecto al término "temporalmente", la propuesta lo limita a seis meses como máximo.

En tercer lugar, intenta cuantificar las multas que el tratado establece para los países que no corrigen el déficit excesivo en el plazo establecido. Para ello, establece un depósito, que no devenga intereses, del 0,25% del PIB por cada punto de déficit excesivo y la posibilidad de restringir el acceso a los fondos estructurales. Por último, establece un consejo de estabilidad que supervise el cumplimiento del pacto.

Esta propuesta está siendo discutida en las últimas reuniones del Ecofin y, lógicamente, no se está llegando a ningún acuerdo sobre ella dada su excesiva severidad, a la que tanto la mayoría de la Comisión como una mayoría de países miembros se opone, aun a pesar de estar de acuerdo con la idea.

La oposición de estos países tiene mucha lógica desde el punto de vista económico por una serie de razones de peso. Ya el hecho de establecer unos valores de referencia iguales para todos los países, del 60% de deuda sobre PIB y del 3% de déficit público sobre el PIB, como hacen los criterios de convergencia del tratado, es una decisión arbitraria y que tiene poco sentido económico.. Los países con mayor deuda deben tener unos déficit menores, o incluso superávit si aquélla es muy elevada, mientras que los países con menor deuda pueden llegar a tener déficit más elevados si las circunstancias económicas lo aconsejan.

Los niveles apropiados de deuda y déficit público dependen, en última instancia, de dos magnitudes económicas fundamentales: la tasa de ahorro privada y el nivel de riqueza financiera privada. Si estas dos últimas son máselevadas en un determinado país que en otros, los niveles de déficit y deuda pueden ser mayores en dicho país sin que planteen problemas de solvencia o de sostenibilidad.

Además, el criterio de déficit público está establecido en términos netos mientras que el criterio de deuda está establecido. en términos brutos. Este último no tiene en cuenta muchas obligaciones

contingentes futuras del Estado, como pensiones y otras prestaciones de la Seguridad Social no provisionadas, avales, seguro de riesgos políticos de créditos a la exportación, etcétera, y, además, permite e invita a realizar activos financieros para reducir deuda a través di las privatizaciones de empresas estatales más, por razones de convergencia que de eficiencia.

Por otra parte, no se hace ninguna distinción entre si el déficit público es debido a un exceso de gasto de consumo público, a un exceso de inversión pública o a un exceso de gastos financieros derivados del servicio de deuda. No es lo mismo un déficit debido a inversión pública, que va a generar mayores ingresos futuros, a otro que deriva de un aumento del consumo o de un excesivo endeudamiento.

. Pero lo más importante es que, a corto plazo, la recuperación económica puede verse frenada debido a la conjunción del cumplimiento de dichos requisitos fiscales de convergencia, que va a exigir, a casi todos los países europeos, una fuerte contracción fiscal, unido al cumplimiento del requisito de inflación, que va a exigir una política monetaria, quizá aún no restrictiva, pero que podrá serlo dentro de un año en Algunos países europeos y, especialmente, en el nuestro, si, finalmente, el consumo se recupera con fuerza.

Eféctos recesivos

La experiencia nos muestra que el desarrollo paralelo de una política fiscal y monetaria contractivas tiene efectos recesivos a corto y medio, plazo. sobre la actividad económica. Hasta ahora, en Europa, la contracción fiscal ha

sido solamente moderada y la política monetaria ha sido más bien expansiva, lo que augura una cierta recuperación económica en 1997. Sin embargo, la contracción presupuestaria en 1997 y 1998 va a ser mucho más drástica, y es bastante probable que la política monetaria pase a ser primero neutral hasta mediados de 1997, y posteriormente más contractiva, hasta qué se alcance el valor de referencia del criterio de inflación en abril de 1998. ,

Si a esta contracción se le añade la derivada de 1 a entrada en vigor del Pacto de Estabilidad propuesto por Alemania para los países que inicien la tercera fase de la Unión Monetaria, el crecimiento económico europeo puede verse seriamente afectado. Por un lado, la mayoría de los países 'miembros tendrán que contraer aún más sus políticas fiscales para acercarse al objetivo de déficit del 1% del PIB, considerado como normal. Por otro lado, el flamante Banco Central Europeo tendrá que llevar a cabo una políticamonetaria contractiva para ganarse la credibilidad antiinflacionista y ser percibido como un digno heredero del Bundesbank.

Es decir, que también los años .siguientes a 1999 pueden ser problemáticos si, finalmente, el Pacto de Estabilidad alemán va adelante y no se flexibiliza sustancialmente. Una política fiscal contractiva en toda Europa sólo es, posible durante una determinada fase expansiva del ciclo o siempre que una política monetaria más laxa compense, al menos en parte, dicha contracción. Con la política monetaria en manos del Banco Central Europeo, totalmente independiente y con un objetivo antiinflacionista, el único instrumento de política macroeconómica que les queda a los Gobiernos es la política fiscal para que cumpla su misión anticíclica y estabifizadora y evitar excesivas fluctuaciones de la actividad económica. Si se pone. un tope del 3% como déficit máximo, se inhibe la posibilidad de que jueguen los estabilizadores automáticos que suministra la política fiscal.

La reacción de los mercados

Se puede contraargumentar, como yo mismo he hecho contestando recientemente a un artículo dé Rudi Dombusch, que, dados los elevados niveles de déficit público y deuda que se han acumulado en Europa, una fuerte contracción fiscal puede expandir la demanda agregada de la economía europea en lugar de deprimirla, a través de un menor efecto expulsión de la inversión privada y una mayor, percepción de credibilidad y confianza por parte de los mercados financieros que se traduce en una evolución más favorable de los mercados de renta fija, y renta variable y un abaratamiento de la financiación del Estado, las empresas y las familias. Sin embargo, este efecto será, sin duda, mucho menor cuanto menores sean los niveles de déficit público una vez dentro de la tercera fase. Los mercados pueden incluso reaccionar contrariamente a lo esperado si observan que una contracción fiscal y monetaria demasiado largas pueden poner en peligro el crecimiento económico europeo.

Por último, la solución de las sanciones a través de depósitos del 0,25% o 0,50% del PIB sin remunerar, o incluso la pérdida de los mismos en caso de reincidencia, es absolutamente contradictoria. Se intenta forzar a que un país reduzca su déficit público excesivo imponiéndole un déficit público aún mayor.

Todos estos argumentos en contra de un pacto de estabilidad tan severo como el que proponen los alemanes son aún más pertinentes para España, que tiene una elevada tasa de desempleo que le hace más difícil reducir el déficit público, por tener menos ingresos por contribuciones e impuestos sobre la renta y más gastos por prestaciones por desempleo y que, además, le obliga a crecer a mayor ritmo que el resto de Europa para poder reducirla. Un pacto de estabilidad tan duro puede resultar muy peligroso. No hay que olvidar que desde hace casi veinte años (1977) no hemos tenido un déficit público inferior 'al 1% del PIB y, desde hace cerca de cuarenta (1959), no hemos tenido una recesión con una caída del 21% del PIB para poder tener un déficit superior temporalmente del 3% del PIB.