Lo que le pasa a Pujol

JORDI PUJOL, que no parecía muy satisfecho a la salida de su entrevista con Aznar, intentó ayer tranquilizar a los suyos argumentando que una conversación de tres horas no basta para resolver los problemas pendientes: ampliar el techo competencial, conseguir un mayor nivel de autogobierno, etcétera. Pujol no explicó por qué es necesario -aumentar el grado de autogobierno -tal vez porque lo considera una evidencia-, pero sí confirmo cuál será la principal reclamación de la próxima temporada: la cesión de los impuestos especiales. El plazo, durante la legislatura; lo cual puede interpretarse como que, salvo imponderables, ése será el precio que exigirá dentro de un año, en tomo al debate presupuestario, para mantener su apoyo parlamentario a Aznar. ,) Tal vez la insatisfacción de Pujol no tuvo su origen tanto en La Moncloa como en la carrera de San Jerónimo. El Congreso acababa de. aprobar sendas reformas de los estatutos de Canarias y Aragón, en virtud de las cuales -se reconoce a ambas comunidades la condición de nacionalidades, a lo que se añade en el caso de Aragón la capacidad para disolver su Parlamento y poder adelantar las elecciones. Ese desenlace es el resultado de un proceso iniciado hace años en el sentido de relativizar la distinción entre nacionalidades y regiones establecida en el artículo 2 de la Constitución.Fueron los socialistas los que pusieron en marcha ese mecanismo. Aprovechando las dificultades de UCD para controlar el proceso autonómico, enardecieron en Andalucía los sentimientos de agravio comparativo hasta conseguir que esa comunidad se uniera a las que habían accedido a la autonomía por la vía rápida del artículo 151. La Constitución no define lo que son nacionalidades y regiones ni establece diferencias en los niveles competenciales en función de esa distinción. Pero todos los partidos entendían que la distinción sólo tenía sentido si se refería a Cataluña, País Vasco y Galicia; es decir, -a las tres comunidades cuyos rasgos diferenciales, en el terreno lingüístico y cultural, eran más acusados y contaban, por ello, con una mayor tradición de partidos y actividades de signo nacionalista. El antecedente andaluz restó racionalidad al modelo, pero ello no impidió que durante cerca de una década la distinción siguiera siendo operativa en la práctica.

Fue a comienzos de los noventa cuando un PP dispuesto a todo-esdecir, a todo lo que sospechara que podía desestabilizar al Gobierno socialista- aceptó enarbolar la bandera de los agravios comparativos con la que amenazaban algunos grupos regionalistas, en Aragón sobre todo. Fruto de esta estrategia fue el pacto autonómico que el PP y el PSOE firmaron en 1992 y que elevaba los techos competenciales de todas las comunidades hasta casi equipararlas con las llamadas históricas. Mejor dicho, con Cataluña (y Galicia), porque el País Vasco ya contaba de entrada con una distinción que la singularizaba: la plena autonomía financiera plasmada en el concierto económico. Ahí puede estar la Clave de esa vaga insatisfacción de Pujol, pese a que seguramente nunca soñó con una situación tan favorable del, nacionalismo catalán, en poder autonómico e influencia política en España.

Pujol tiene la impresión, desde 1992, de que la autonomía catalana se parece más a la de Murcia-o Aragón -ahora con más motivo- que a la vasca. A ese sentimiento se une otro, compartido por algunos sectores de la sociedad catalana, según el cual la aportación financiera de Cataluña a la Hacienda (y a la economía) española no tiene un reflejo suficiente en la capacidad de gasto de las instituciones catalanas. Ambas cosas -relativización de la singularidad y descontento con el sistema financiero- han acabado confluyendo en la reivindicación de un sistema singular de financiación. De ahí la reacción ante el acuerdo PP-PNV sobre los conciertos. El problema es que, la singularidad cultural puede implicar una- financiación suficiente, pero no necesariamente una financiación diferente.

La falta de respaldo constitucional específico para la aplicación en, Cataluña de un sistema similar al vasco permite asegurar que cualquier paso en esa dirección será seguido por exigencias similares en otras comunidades. Hay síntomas de que una dinámica de ese tipo ya está en marcha, y sería raro que no desencadenase una reacción simétrica en sentido contrario. Antes de que tal cosa ocurra, y precisamente en defensa de la viabilidad del Estado autonómico, sena conveniente un acuerdo entre los principales partidos nacionales que fije unas reglas del juego claras y que haga compatible el respeto a los hechos diferenciales con la estabilidad del sistema en su conjunto. Por ello, lo más desconcertante de la situación es la desabrida reacción con que algunos dirigentes del PP han acogido una oferta en tal sentido adelantada por Felipe González.