¡Agua!

A la sequía otoñal o al verano desplazado dos meses, es decir, a la enésima crispación del clima, parece corresponder el ambiente político de lo ambiental. Contagiados por esa renuncia a cumplir los compromisos que de nuevo exhiben las nubes y los termómetros, la ministra Tocino da buenos titulares, pero deja para nadie sabe cuándo unas mínimas consecuencias con lo declarado. Aplaudimos los gestos sobre las Hoces de Cabriel, Anchuras o el Plan Hidrológico. Se han detenido así algunas llamativas aberraciones heredadas, pero se hace muy poco más. Parece claro que están empantanados, y mucho con temas pantanosos. Por desgracia, se han confirmado los peores. presagios en cuanto a presupuestos se refiere. Dedicarle el 1,1% del total del Estado al medio ambiente es condenar al raquitismo a un recién nacido. Es cierto que se han mejorado algunas partidas, como las destinadas a parques nacionales, aunque sin llegar a lo que dispusieron hace años. Lo grave es que con ser el agua lo que vertebra, y bien está, al nuevo ministerio, parece descabellado no adjudicar un necesario incremento de recursos destinados a seguir. mejorando su calidad, ahorro y reutilización. Ha quedado mal parado el activo disponible para saneamiento cuando, entre los compromisos europeos, no sólo está el que la inflación o la deuda se queden en determinadas cotas, sino que deberíamos depurar la casi totalidad de nuestros flujos hídricos para el 2000. El casi 50% que nos falta obviamente no será alcanzado.

Seguro que entramos en la moneda única pero dejando fuera la transparencia del líquido vital, base y no marginalidad de la riqueza.

Esta Administración sigue sin encarar el diseño de la base principal de todo desarrollo. Ahora mismo carece de horizonte mínimamente racional el paliar no ya la demanda sino la sed del sudeste. Cuando continuamos sin poder trasvasar lo demandado por los receptores levantinos y murcianos resulta que de las mismas fuentes se pretende abastecer también a buena parte de los manchegos. Lo cierto es que el disparate de crear una red artificial de tuberías para el suministro de varias comarcas de La Mancha ligadas al Guadiana a partir del Tajo contraviene las más elementales reglas de respeto al entorno. La argumentación tantas veces exhibida contra los trasvases se olvida cuando la tubería va hacia casa. Y eso supone abandonar directrices europeas, la responsabilidad de regenerar los acúíferos y de preservar la potabilidad de los mismos. Poco es lo que encaja con las declaraciones del secretario de Estado de que el Plan Hidrológico, tal y como estaba contemplado -a base de, nuevos embalses y trasvases- no, es solución aceptable para la enorme crisis del agua en nuestro país. Por tanto, habría que hacer algo con esos proyectos o los de Itoiz, Castrovido III o Alqueva. Los navarros de allá o los heroicos y casi olvidados burgaleses de Palacios de la Sierra, siguen peleando por un Irati y un Arlanza menos encarcelados ante la incomprensión del Ministerio de Medio Ambiente. .

No menos a encarar, y con máxima urgencia, es nuestra postura sobre Alqueva, la mayor presa de Europa, a no construir o al menos a minimizar. El proyectado embalse del Guadiana portugués y español es probablemente el mayor despropósito ambiental y económico de los últimos lustros. Es el diagnóstico que ha hecho el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos. Que el colectivo más beneficiado por la obra pública haga una enmienda a la totalidad de un proyecto, como el de Alqueva demuestra que cabe la coherencia ambiental. Óptima, pues, la argumentación de esos profesionales. Sólo queda que, la acepten los responsables de las dos naciones ibéricas.

Puede decirse que de momento en esto de lo hidrológicolos actuales responsables están dando casi todas en el agua, como en el juego dé los barcos. Sobre todo cuando rescatan del necesario olvido el imposible e injusto mercado hidrológico. Nada tan patrimonio, común como el agua, nada tan necesitado de solidaridad y gestión altruista como la base de toda vida. En consecuencia, nada resultaría tan empobrecedor como la privatización de la misma.