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Un informe de la Comunidad confirma la ilegalidad del 'caso Mirador Real'

Un informe técnico de la Consejería de Obras Públicas de la Comunidad, máxima autoridad urbanística de la región, ratificó ayer la ilegalidad de la utilización como vivienda de los apartamentos El Mirador Real, situados en Aravaca. El edificio fue comprado en tercera subasta por el ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy; el presidente de la Asamblea de Madrid, Juan van Halen; el gobemador civil de Cádiz, Jesús Hermida Cebreiro, todos ellos del PP; el ex director general de Radiotelevisión Española, Jordi García Candau (nombrado por el Gobierno del PSOE), y el director general de Antena 3, José Manuel Lorenzo Torres, entre otros. El fiscal de Urbanismo y Medio Ambiente, Emilio Valerio, investiga las denuncias vecinales sobre las presuntas irregularidades cometidas en torno a este inmueble.El concejal de Urbanismo de Madrid, Ignacio del Río, del PP, aseguró a EL PAÍS el pasado viernes que era legal utilizar los apartamentos turísticos El Mirador Real, en Aravaca (comprados, entre otros, por varios dirigentes del PP) como viviendas permanentes. Se escudaba en un supuesto "resquicio legal" del Plan General de 1985 que no limitaba el uso de El Mirador Real.

Pero no hay tal resquicio, según han determinado los técnicos de la Consejería de Obras Públicas. En su informe, los técnicos regionales analizan "la normativa urbanística aplicable en los apartahoteles de El Mirador Real" de acuerdo al Plan General de 1985. Y resuelven que sólo podrán ser utilizados dichos alojamientos con los siguientes fines: "Hoteles, moteles, pensiones, hostales con restaurante y sin restaurante, apartamentos amueblados para turistas, colegios mayores, residencias de estudiantes y residencias de jóvenes trabajadores". Pero en ningún caso como vivienda habitual.

Destapada la primera ilegalidad -la mayoría de los 45 apartamentos del Mirador Real se utilizan como residencia permanente-, los técnicos regionales han descubierto una segunda anomalía grave. En el punto 5 de su informe aclaran: "A la vista de lo anterior, y en relación con la inscripción en el, Registro de la Propiedad, debería, quedar claro que se trata de 'apartamentos amueblados para turistas en alojamiento temporal' y no de viviendas". Segunda ilegalidad: los propietarios de El Mirador Real insctibieron sus apartamentos como viviendas.

PASA A LA PÁGINA 3

Información realizada por José Manuel Romero Juan Francés y Lara Otero.

El gobernador civil de Cádiz, del PP, compró un apartamento y trabajó para el promotor

VIENE DE LA PÁGINA 1Mariano Rajoy, ministro de Administraciones Públicas y experto en asuntos urbanísticos no en vano es registrador de la propiedad, inscribió como vivienda el alojamiento de 125 metros cuadrados adquirido en el inmueble El Mirador Real. Ocho meses después de adquirir su apartamento lo vendió al mismo preció que lo compró según su asesora de comunica ción. También registró su apartamento como vivienda Juan van Halen, presidente de la Asamblea de Madrid, cuya profesión, periodista y escritor, le impide, según sus propias palabras, "conocer al detalle la tramitáción urbanística de un inmueble".

Los técnicos regionales aclaran que, "dado que la actuación está situada en suelo urbano, la competencia para la concesión de la licencia [en El Mirador Real] es exclusivamente municipal".

Pero el Ayuntamiento echa balones fuera. El concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, del PP, ordenó ayer a sus técnicos inspeccionar El Mirador Real. Sin embargo, elude cualquier responsabilidad sobre el futuro del inmueble. "Si alguien tiene que actuar porque se ha cometido alguna ilegalidad en el uso del edificio es la Comunidad de Madrid'

Otros compradores

Otra de las personas que figuran como propietarias de la Comunidad de Bienes El Mirador Real es el gobernador civil de Cádiz, Jesús Hermida Cebreiro, nombrado en mayo pasado por el PP. Además de aparecer como comprador de un apartamento (correspondiente al 2,26% de la propiedad), fue administrador de las empresas Inverinmobil y Promeditesa (figuran en la comunidad de bienes que, compró en tercera subasta El Mirador Real), que controlan el 13,46% del inmueble. Hermida figuró en Promeditesa como administrador único hasta el 23 de julio, según el registro mercantil, fecha en que pasó a ocupar el cargo José López Maeso Urquiza. Este, a su vez, tiene otro 17,96% del inmueble a través de Tenis Alta Competición, SA.

Hermida también aparece en el registro mercantil como administrador único de una empresa (Alafín) en la que Francisco Santos, promotor de El Mirador Real, participó a través de una sociedad interpuesta (Corporinver).

Renuncia

El gobernador civil de Cádiz reconoció ayer que había trabajado como abogado en empresas de Francisco Santos, pero que, tras su nombramiento, había renunciado a ellas. "He estado dedicado a la vida privada y he podido trabajar como abogado con quien he querido", dijo.

Hermida compró un apartamento en El Mirador Real porque, según él, se lo ofreció Santos. "Soy un hombre ligado al deporte [fue secretario de Estado para el Deporte] y me gusta mucho el sitio de El Mirador Real [hay pistas de tenis]. No he ocultado esa propiedad: está en mi declaración de la renta". Hermida asegura desconocer que los apartamentos no podían ser adquiridos como vivienda. "Ahí no entro. He pedido al portero que lo ponga en venta, pues me he venido a vivir a Cádiz". Hermida asegura que no controla las acciones de dos empresas (Inverinmobil y Promeditesa) que también compraron apartamentos en El Mirador Real. "Era gestor, pero de control, nada".

Seis años de historia

Esta es la cronología del caso El Mirador Real:31 de marzo de 1989: la sociedad Corporfín compra por 550 millones a Satecu la finca de Aravaca para la construcción del edificio de apartamentos turísticos.

3 de noviembre de 1989: Corporfín consigue un crédito de 900 millones de Banesto para financiar "la construcción de un edificio destinado a vivienda", según aparece recogido en la escritura pública del inmueble. Se incorpora a esa escritura un certificado de tasación en el cual consta el valor que alcanzará el edicio de apartamentos una vez terminada su construcción: 2.297 miones.

1 de marzo de 1991: el Ayuntamiento concede licencia de obra a Corporfín para la construcción de un edificio "de nueva planta para uso exclusivo terciario-hospedaje-apartahotel" consistente en:

- Planta sotano: gimnasio, cafetería, botiquín, lavandería y cuarto de instalaciones.

- Hall-recepción: cafetería, restaurante, cocina, ocho estudios y doce apartamentos.

- Planta primera: nueve estudios y veintidós apartamentos.

- Planta segunda: nueve estudios y veintidós apartamentos.

- Piscina y pistas de tenis en espacio libre de parcela.

Según Juan Manuel de Lázaro, portavoz vecinal, parte de estas instalaciones no se construyeron en el edificio, sino en una carpa anexa.

23 de junio de 1992: la Junta Municipal de Moncloa deniega la licencia de primera ocupación para un edificio de apartamentos similar a El Mirador Real, denominado Los Altos del Hipódromo y situado muy cerca, por entender que se estaba vendiendo como "viviendas habituales" y cambiaba así "el uso autorizado".

29 de enero de 1993: Corporfín suscribe una ampliación de hipoteca con Banesto de 100 millones (en total, el crédito alcanza 1.000 millones).

21 de abril de 1993: se escritura el edificio de nueva planta El Mirador Real.

3 de mayo de 1994: Corporfín reconoce unas deudas superiores a 142 millones a favor de seis empresas que han trabajado en la construcción del edificio.

6 de julio de 1994: Banesto inicia acciones de embargo y juicio ejecutivo contra el promotor de El Mirador Real por impago del préstamo.

20 de octubre de 1995: venta del edificio de apartamentos turísticos en tercera subasta por 1.100 millones de pesetas a la Comunidad de Bienes El Mirador Real, formada, entre otros, por Rajoy, Van Halen y García Candau. Los nuevos propietarios deciden, y así lo escriben en los estatutos de funcionamiento de la comunidad, solicitar el cambio de uso del edificio, de terciario a residencial.

Julio de 1995: la Asociación de Vecinos Valdemarín-Monreal y Pardo de Aravaca denuncia las presuntas irregularidades urbanísticas cometidas por el promotor de El Mirador Real ante la fiscalía de Madrid y el Defensor del Pueblo.

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