Gobierno y PNV pactaron un nuevo texto del Concierto vasco en secreto por miedo a la reacción de Pujol

El texto articulado de la ley modificadora del Concierto Económico vasco ha originado el mayor revuelo entre comunidades que se re cuerda, desde la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), en 1981. La negociación que el PP y PNV cerraron en la madrugada del 30 de abril para asegurar la investidura de José María Aznar implicaba un acuerdo sobre la renovación del Concierto Económico vasco muy abierto, sometido a revisión. Esa revisión, cerrada en la madrugada del pasado 23 de octubre, ha oiginado una cadena de agraviados: la Generalitat catalana, las comunidades limítrofes a la vasca y las gobernadas por el PSOE, descontentas con el nuevo modelo de financiación autonómica de régimen común.

Ni el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, ni el vicepresidente del Gobierno vasco Juan José Ibarretxe, pensaban en la madrugada del día 23 de octubre, cuando firmaron el texto del articulado de la reforma del Concierto vasco -una modificación no reconocida oficialmente- el revuelo que iba a armar.La negociación se llevó en secreto. Tanto, que sus portavoces no reconocieron que lo pactado era nádá menos que el texto articulado que reforma el Concierto vasco y que entrará en vigor el 1 de enero.

¿Por qué tanto secreto? Sobre todo, por temor a la reacción de CiU. La coalición que lidera Jordi Pujol vive una paradoja: aunque son sus votos lo qué precisa el Gobierno de Aznar en el Parlamento y no los del PNV, al estar sometidos a un régimen común de financiación obtienen menos soberanía, recaudatoria que el Gobierno vasco, que junto con Navarra se acoge al régimen foral. El sentimiento de agravio de CiU obligó a que en abril la negociación del PP con el PNV se aplazara hasta cerrar el pacto con los nacionalistas catalanes

Costa e Ibarretxe se creían amparados por la razón de la historia. El País Vasco tiene Concierto Económico -capacidad de recaudar sus impuestos y ceder un cupo al Estado por las cargas generales- desde hace 120 años-con el paréntesis de la dictadura, que lo abolió en Vizcaya y Guipúzcoa- y fue reconocido por la Constitución en 1978. El propio Gobierno de Felipe González los renovó al introducir el IVA en el Concierto en 1986.

El acuerdo del 30 de abril, cerrado entre el PP y PNV para asegurar la investidura de Aznar, reconocía en términos genéricos que el Gobierno vasco pasaría a recaudar los impuestos especiales tras su desaparición como monopolios del Estado, así como los impuestos de no residentes, y tendría capacidad normativa sobre el 100% del IRPF. Además, el PNV obtuvo, el compromiso del Gobierno de que levantaría los recursos contra el impuesto de. sociedades.

Pero el, acuerdo genérico quedaba, pendiente de ser atado. Arzalluz y Ardanza anunciaron a Aznar, hace un mes, que debía rematarse antes de la votación de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos. El PNV decidiría su posición en función del resultado de la negociación. Que el pacto de abril no era preciso lo demuestra la necesidad de que debía ser el propio Aznar quien lo impulsase, porque la letra estaba sujeta a interpretaciones técnicas que podían dejarlo en papel, mojado. Aznar debía implicarse si quería una relación política estable con el PNV.

El revuelo posterior tiene tres frentes, aunque dos de ellos empiezan a replegarse. Por un lado el diputado de CiU Josep López de, Lerma abre la caja de los truenos al señalar que los nacionalistas catalanes, con muchos más votos que el PNV, consigue menos. Además, López de Lerma recuerda que solicitaron la recaudación de los impuestos especiales y que mientras el PNV los ha conseguido, ellos no. El Gobierno y el PNV les replican que la cesión de los impuestos especiales no estaba recogida en los pactos de abril, y que la potestad vasca procede de su régimen especial. CiU promete un gesto de protesta.

También se calman los ánimos de las comunidades limítrofes con el Pais Vasco, que han obtenido la garantía del Gobierno de que tendrán la misma capacidad normativa en el impuesto de sociedades que la vasca. Queda, por último, el malestar de la Junta andaluza, gobernada por los socialistas y sometida al régimen común, que pidió también la recaudación de los impuestos especiales y le fue rechazada por el Gobierno "por dificultades técnicas".