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La UE alertó hace meses a Venezuela de la peligrosidad de sus cárceles

Luis Barbero

Veintinueve presos, entre ellos un español, murieron esta semana en una cárcel de Caracas después de que la Guardia Nacional lanzase tres bombas lacrimógenas en una habitación en la que se hacinaban 54 internos. Los hechos no han sorprendido en la Unión Europea (UE). Hace dos meses, varios expertos europeos recomendaron al Gobierno venezolano el "objetivo supremo" de sacar a la Guardia de las prisiones, pues "no es un cuerpo entrenado, ni militar ni filosóficamente", para esa función.El magistrado español Heriberto Asencio fue enviado por la Comisión Europea para que analizase la situación de las prisiones venezolanas y para que pusiese en funcionamiento un programa sanitario y de formación, de funcionarios y presos en dos centros del país, el de Tocuyito, en la región de Valencia, y el de Sabaneta, en Maracaibo, en el que en enero de 1994 murieron más de cien presos.

La Comisión Europea, dentro del programa de ayuda a la democratización y derechos humanos en Latinoamérica, destinó 700.000 ecus (112 millones de pesetas) a este proyecto, que, según el magistrado, se ha saldado con éxito.

Del estudio efectuado por la UE se destaca que "el estado general de los establecimientos penitenciarios es lamentable" y que "la ausencia de higiene, provocada por el hacinamiento y" escaso material suministrado, es un común denominador de todas las cárceles". El hacinamiento obedece a que dos tercios de los presos están en situación preventiva.

De los 27.000 presos que hay en Venezuela, 22.000 no tienen camas donde dormir, y se ven obligados a hacerlo en el suelo, en los servicios o en una escalera. Y aquí entra en juego una de las peculiaridades de las prisiones venezolanas: todo está en venta. Así, por ejemplo, se llega a alquilar peldaños de escaleras para dormir.

El informe achaca a la mala formación de los funcionarios de prisiones y a sus bajos salarios un fenómeno tan arraigado como la corrupción. Los presos pagan no sólo por un sitio en el que dormir, sino que se ven obligados a pasar peaje para cambiar de celda, ir a los tribunales, obtener comida o ser llevados a la ducha o ser atendidos por el médico.

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Sobre la firma

Luis Barbero
Es subdirector de Actualidad de EL PAÍS, donde ha desarrollado toda su carrera profesional. Ha sido delegado en Andalucía, corresponsal en Miami, redactor jefe de Edición y ha tenido puestos de responsabilidad en distintas secciones del periódico.

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