La empresa notificadora de multas acaba ante el juez por falsificar documentos

VIENE DE LA PÁGINA 1"Cualquier delegado instructor, cuando lleva un tema de este tipo, tiene que ponerlo en manos del juzgado". Según el edil de Hacienda, esa actuación tendrá lugar cuando concluya la investigación abierta y se conozca la cifra total dé multas con errores y falsificaciones. "No vamos a llevar las notificaciones al juzgado por entregas", afirma.

El abandono, deterioro o falsificación de documento público está penado con hasta seis años y un día de cárcel, según explicaba la propia Servico (Barcelona Servicios de Cobro, SL) a todos aquellos que contrataba como notificadores. Servico se apoyaba precisamente en ese punto para exigir a sus empleados, con un contrato de 12 horas al mes, un aval de 50.000 pesetas. Éste, que debía estar firmado por un pariente o amigo del contratado junto con su nómina o título de algyna propiedad (véase EL PAÍS del 23 de septiembre), tenía como objeto, paliar los "perjuicios que pudiera causar a Servico con actuaciones tales como falsedad, engaño o abandono de la documentación que se le confía.

El abanico de irregularidades detectadas indica, según fuentes municipales, que los notificadores no han actuado individualmente, sino que se trata de una acción conjunta. De hecho, el 7,5% de los 36.766 documentos revisados presenta algún error, con un coste, de momento, para el Ayuntamiento de 264 millones. Esa es la cantidad que las arcas municipales dejarán de ingresar por las 20.069 denuncias que "han prescrito con motivo de la demora producida por las irregularidades", según recoge un documento de la Concejalía de Hacienda. Pedro Bujidos intenta minimizar esa cifra señalando en una carta a Gerardo del Val, portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Hacienda, que la "media de recaudación obtenida en el régimen anterior era del 6% o 7% de los importes, nominales de las sanciones".

Prevaricación

Tanto Juan Barranco, como Gerardo del Val volvieron a exigir ayer que el Ayuntamiento anule la totalidad de las sanciones (131.940) gestionadas en septiembre por la empresa. Pidieron asimismo que Alvarez del Manzano rescinda el contrato con EDS, que tiene un expediente por falta grave (multado con hasta diez millones). "Si el alcalde no toma esa medida, estará incurriendo en prevaricación por encubrimiento del delito". "Lo ocurrido con EDS", señala Gerardo del Val, "es una declaración de ruina política. Este gobierno ha puesto el tema en manos de unos insentados".

Barranco fue más taxativo. "El sistema es un fracaso y el alcalde debe rectificar", dijo. Según el contrato entre el Ayuntamiento y EDS, es motivo de rescisión "dar lugar a la prescripción de las multas por falta de notificación en tiempo hábil, así como a la caducidad del procedimiento sancionador cuando ello origine grave perjuicio para los intereses municipales".