Rato convoca a los banqueros para firmar el acuerdo el día 29

El Ministerio de Economía quiere firmar el próximo día 29 de octubre. Rodrigo Rato, el titular de este departamento, quiere dinamizar el mercado hipotecario. Ayer lo explicó ayer de forma muy directa: "Lo que hay que hacer ahora es ir a los bancos y renegociar a la baja y si no lo consigue... busque uno mejor". La intención del Gobierno es conseguir que la rebaja en el tipo oficial del dinero que determina el Banco de España (ahora en el 6,75%) se, traslade a con mayor rapidez a los clientes de las entidades financieras. De hecho, el recorte de márgenes que sufren bancos y cajas en los últimos tiempos ha aumentado las resistencias al respecto.No cabe duda de que el abaratamiento de las subrogaciones (cambio de entidad financiera) y las novaciones (cambio en las condiciones) de préstamos hipotecarios movilizará un mercado que ahora asciende a 19,7 billones. Habrá mayor competencia entre las entidades lo que tendrá que repercutir a la baja en las condiciones de los préstamos.

La razón fundamental es que se abaratan en un 50% los aranceles que cobran notarios y registradores por certificar este tipo de operaciones; es decir, que el titular del préstamo estará más libre de cargas económicas para buscar unos tipos de interés más bajos y pactar con la entidad financiera que se los ofrezca. Los costes de notaría y registro para hipotecas nuevas no se modifica.

El acuerdo suscrito por el Gobierno reitera el 1% que ya existe desde 1994 para los variables y fija en el 2,5% el máximo para los fijos. Sin embargo, en este último aspecto no habrá un respaldo legal ya que el Gobierno considera, según Rato, que supondría un intervencionismo en unos contratos privados que no procede. Tampoco es nueva la exención del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados que fija el acuerdo, ya que lo estableció la ley de 1994. Morosos

El Gobierno anunció su intención de agilizar los procedimientos judiciales para el cobro de deudas. De esta forma, da una de cal y otra de arena a las entidades, que reclaman una solución a la lentitud con la que chocan para recuperar sus fallidos.

La ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, explicó que el Gobierno impulsará con carácter de urgencia un nuevo Código Procesal Civil que supere "la tradicional desconfianza hacia el acreedor". Se dará también una mayor agilidad a la ejecución de medidas cautelares, por ejemplo a través de embargos y se establecerá la posibilidad de juicios orales rápidos para deudas que no superen el millón de pesetas.