Cuentas decisivas
NADA MÁS fácil que criticar los presupuestos presentados por cualquier Gobierno; casi todos tienen trucos y la mayoría resiste en teoría la prueba del nueve. Máxime cuando son los primeros de un Ejecutivo o cuando, como ocurre este año, tienen que dar, a la fuerza, unos determinados objetivos en materia de inflación, déficit público, deuda o precios. Lo difícil es construirlos con criterios de rigor, sin voluntad de engañar, o presentar -por parte de la oposición- una alternativa creíble, que respete unos objetivos que en general comparte. Con los debates que se abren hoy en el Congreso sobre los Presupuestos de 1997 no se la juega sólo el Ejecutivo de Aznar, sino también los socialistas.Estos presupuestos han sido diseñados fundamentalmente para que España tome, tras el examen de selectividad de 1998, él tren del euro; así han de ser juzgados en primera instancia. Pero el debate también ha de medir si las cuentas del Estado no son flor de un año, sino si profundizan en las reformas estructurales necesarias para que, una vez que España esté en la moneda única, se sostenga en igualdad de condiciones con el resto de los países que la acompañen. No se trata sólo de llegar, sino de competir dentro con un relativo desahogo.
La contabilidad creativa es corriente en muchos países europeos, pero disfraza la realidad; las entradas de dinero provenientes de las privatizaciones sólo se darán una vez, y el Estado perderá en el futuro los ingresos que las empresas públicas rentables le aportaban regularmente; la transformación de las deudas de las empresas públicas en avales del Estado no significa su cancelación, sino el traslado de la carga a generaciones futuras; la congelación del sueldo de los funcionarios no podrá repetirse, so pena de paralizar la Administración... Todos estos encajes, que ayudarán a pasar el examen con relativa limpieza, habrán de abordarse en presupuestos sucesivos, empezando por otro no menos importante: el de 1998.
El proyecto de presupuestos nace lastrado por la contradicción que se deriva de cuadrar las cuentas según los criterios de convergencia, a plazo fijo, y al mismo tiempo afrontar las promesas electorales o del pacto de investidura. En este momento cobran actualidad algunos de los interrogantes que sobre la política económica del PP se han hecho hasta ahora: ¿no hubiera sido oportuno aplazar la nueva financiación autonómica a otro momento no comprometido por la austeridad de Maastricht?; ¿quién demandaba con urgencia el tratamiento fiscal favorable a las plusvalías y la regularización de balances, que supondrá una reducción de los ingresos públicos, al menos en un primer momento?; ¿no ha tratado de compensar el Ejecutivo esta reducción con la creación de tasas al consumo, que puede suponer -el crecimiento de la presión fiscal de muchos contribuyentes?
Además, el presupuesto para 1997 se sustenta en unas previsiones macroeconómicas que se pueden calificar en unos casos de voluntaristas (el incremento de los ingresos públicos o el porcentaje de crecimiento de la riqueza nacional) y en otros de aleatorias (puesto que su cumplimiento depende del comportamiento de nuestros socios internacionales, algunos de ellos en serias dificultades). Por otra parte, el objetivo de dejar el déficit público en el 3% se sustenta en la ejecución de las cuentas de este año -el compromiso del 4,4% no está claro que vaya a cumplirse-, y en otro elemento que aún está en discusión pública: que los ayuntamientos y las comunidades autónomas reafirmen la congelación salarial de sus propios funcionarios.
Al Gobierno corresponde ahora convencer a los ciudadanos de que el presupuesto va a ser cumplido escrupulosamente y dar así confianza a los inversores. El PSOE tiene varias dificultades a la hora de explicar su enmienda a la totalidad: la primera, que muchos de los problemas económicos actuales son una herencia de la política económica que practicó cuando gobernaba; la segunda, cómo censurar unas cuentas del Estado cuyos objetivos básicos comparte; y la última, presentar una alternativa en la asignación de- recursos que distinga a unos partidos de otros y contribuir así a clarificar el terreno político.
Lo que no pueden hacer ni unos ni otros es aplicar un debate de tierra quemada que debilite a nuestro país en su máxima prioridad política: entrar en la mejor posición posible en la moneda única. Si el Gobierno apelase en demasía al pasado -la difícil herencia recibida- para acallar las críticas, o los socialistas pusiesen en cuestión la voluntad firme de entrar y permanecer en la UEM, habría triunfado la demagogia. Con ello perderíamos la ocasión de asistir al debate político más significativo del año, y el más decisivo para el futuro de los ciudadanos en mucho tiempo.
