Los subasteros siguen campando a sus anchas por los juzgados

A algunos espontáneos ajenos a la trama no les ha ido mal Consiguieron, pese a los subasteros, adjudicarse un piso. Lo consideraron un chollo y repitieron. "Algunos de los de buena fe incluso se han vuelto subasteros e invierten sus ahorros en pisos", agrega el citado funcionario judicial.En fuentes jurídicas de la Audiencia de Madrid -donde se celebró el macrojuicio que acabó con 42 años de cárcel y 1.500 millones de pesetas en multas para una quincena de subasteros- también se tiene la convicción de que ni la condena ni la reciente reforma penal han servido para combatir eficazmente los chanchullos de estos profesionales.

Los efectos del artículo 262 del nuevo Código Penal, creado expresamente para luchar contra ellos, no se han dejado sentir aún. Dice este artículo: "los que solicitaren dádivas o promesa para no tomar parte en un concurso o subasta; los que intentaren alejar de ella a los postores por medio de amenazas, dádivas, promesas o cualquier otro artificio; los que se concertaren entre sí con el fin de alterar el precio de las cosas, o los que fraudulentamente quebraren o abandonaren la subasta habiendo obtenido la adjudicación, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años de cárcel y multa de 12 a 24 meses".

No habla este precepto, en cambio, de lo que puede ocurrirle a quien se valga de sociedades interpuestas, como está ocurriendo ahora, y se tape en ellas. Es cierto, aseguran fuentes jurídicas, que otros artículos del Código Penal abren a los jueces la posibilidad de "desinstrumentalizar" esas sociedades y castigar a sus auténticos dueños. El deslinde inicial, actuar por la vía penal contra quien camufle sus actividades en una sociedad, debe partir de los fiscales, opina un juez.

Coveín, SA, Ana y César Construcciones, Adaptaciones Inmobiliarias y Barco son algunas de las sociedades que más pisos se adjudican hoy día en los juzgados hipotecarios. "Detrás de algunas de estas empresas", aseguran fuentes judiciales, "hay subasteros".

Un magistrado especializado en subastas cree que la única posibilidad de promover una participación real de los ciudadanos (de que haya más pujadores, lo que evidentemente dificultaría el amaño de las pujas) pasa por una modificación profunda de la ley. Este cambio legal tendría que garantizar que el beneficiario de una subasta saliese del juzgado con la llave del piso en la mano. Cosa que hoy no ocurre. La ley les obliga a pagarlo por anticipado sin ni siquiera ver su estado.

La actual legislación exige al interesado que, con anterioridad al día señalado para la subasta, consigne un 20% del precio de salida del inmueble. Y si resulta adjudicatario, que entregue el resto del dinero dentro de los ochos días siguientes.

La ventaja de los subasteros es que mueven mucho dinero en efectivo y no necesitan pedírselo a los bancos. Incluso se pueden permitir no ganar un duro a un piso -pujando al alza- con tal de ahuyentar a los compradores de buena fe.

Lo que crea desconfianza, espanta a pujadores honrados y deja el campo libre a los profesionales es que el piso no se pueda ver por dentro antes de pagarlo, opina un juez. Esto se debe a que casi todas las casas se subastan con sus dueños (los mafiosos les llaman bichos) dentro, y ese domicilio es inviolable. Luego viene otro problema que desanima a los pujadores, y cuya drástica solución puede prolongarse meses: desalojar a la familia que vive dentro. Casi siempre gente inmersa en terribles dramas económicos, que no tiene dónde ir. Casi 20 familias son desahuciadas