Las primeras quejas al Defensor del Menor tratan de separaciones

Los problemas de custodia de los hijos de las parejas separadas y el régimen de visitas son el motivo principal de las primeras quejas, escritas y telefónicas, que han llegado al recién nombrado Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Francisco Javier Urra. Este psicólogo, vinculado durante nueve años a la Fiscalía de Menores, tomó posesión de su cargo hace una semana y, desde entonces, acude a diario a la sede de esta nueva institución, en Conde de Peñalver, 63, primera planta (580 47 07), un local donde estuvo la Dirección General de la Mujer.En estos días ya han llegado casi medio centenar de quejas, aunque todavía no está formado el equipo de técnicos, asesores y auxiliares que permitirán solucionarlas. Por ahora no han recibido ningún caso urgente.

"Hay personas que llaman por problemas en el régimen de visitas a sus hijos cuando el juez todavía no ha decidido sobre su caso. Supongo que desconocen que el Defensor no puede tomar cartas sobre un asunto que está en fase de instrucción", asegura el Defensor. Alguna queja concreta habla también de supuestos errores médicos y de exhibicionismo.

Urra cree que la puesta en marcha de este organismo, dependiente del Parlamento regional y no del Gobierno, lleva un buen ritmo. "Para la semana próxima, a través de un presupuesto especial, espero tener ya contratados al jefe del gabinete técnico, al secretario general y a tres auxiliares para comenzar a resolver las denuncias que van llegando, porque ahora estamos solos el guarda y yo", explica.

"Recibimos las quejas, aunque aún no tengamos muchos medios para investigarlas, porque la ley marca un plazo máximo de un ano para que el Defensor resuelva cada tema. Lógicamente, salvo cuando la denuncia es gravísima y obliga a una intervención inmediata", añade Urra.

28 trabajadores

El Defensor del Menor ha solicitado que en los presupuestos de 1997 se dote a esta institución de 320 millones de pesetas para gastos de personal y de medios técnicos. Espera contar, para enero de 1997, con un equipo de 28 trabajadores, entre ellos ocho asesores de distintas áreas (sanitaria, educativa, social, legal, institucional y de prensa); así como auxiliares, ordenanzas y personal de atencion al público.

"Los asesores serán de libre designación, con lo que su contrato se extinguirá una vez que se agoten mis cinco años de mandato", explica. Urra cree que el Gobierno regional atenderá a sus peticiones económicas.

Madrid es la primera comunidad que cuenta con un valedor de los derechos de los menores de 18 años. La figura nace de la Ley del Menor de la Comunidad, aprobada por el Gobierno socialista de Joaquín Leguina en diciembre de 1995. Su tarea, además de atender quejas, será velar para que se respeten los derechos de niños y adolescentes.