Pulso nada académico

EL INCIDENTE protagonizado por el presidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana, y el rector de la Universidad de Alicante, Andrés Pedreño, con motivo de la apertura del curso académico no debió haber ocurrido nunca. Seguramente, la devaluada consideración social de las universidades, y de sus autoridades académicas, junto con la desmesura figurativa de las autoridades autonómicas han contribuido a elevar a la categoría de ofensa institucional lo que no fue más que la aplicación literal de las reglas del protocolo vigente. Eso sí, en circunstancias en las que, por deferencia de los rectores hacia los presidentes de sus comunidades autónomas, ese protocolo no suele aplicarse a rajatabla.Se ha tomado así por norma lo que no es, por el momento, más que una costumbre que se deriva de la existencia de relaciones institucionales cordiales, o por lo menos correctas. Y ha sido, justamente, la ausencia de esa relación correcta lo que explica lo ocurrido en este caso. No se trata, así, de un episodio aislado, de una chispa surgida por casualidad, sino que es la consecuencia de un áspero forcejeo entre la autoridad autonómica y la académica a cuenta de la creación de una quinta universidad pública en la Comunidad Valenciana, ubicada en Elche e incorporando centros actualmente dependientes de la Universidad de Alicante. El conflicto subyacente, y, por elevación, la política de creación (o no creación) de nuevas universidades públicas, tiene mayor calado que una simple disputa protocolaria.

En efecto, en los últimos años se han creado muchas nuevas universidades. El proceso de gestación suele ir acompañado de discusiones y posicionamientos, dentro y fuera de la propia comunidad académica, sin la trascendencia pública del caso de Alicante. La creciente demanda de plazas universitarias, junto con la masificación de muchas de las universidades existentes, es su principal justificación. Por otro lado, es sabida la dificultad para dotar a las universidades de profesores debidamente formados y entrenados, así como de bibliotecas, laboratorios o equipamiento docente, lo que justifica el temor a que dicho proceso de creación se haga sin las debidas garantías y tenga como consecuencia la proliferación de universidades cerradas sobre sí mismas, endogámicas y de un nivel científico dudoso.

La expectativa de creación de nuevas universidades suele, por otra parte, suscitar la adhesión de la población local beneficiada, que forma piña alrededor de las autoridades locales o autonómicas y crea una presión que se ha revelado, hasta el momento, irresistible. La argumentación empleada incorpora supuestos o reales agravios comparativos y mezcla demandas válidas con otras impropias del nivel universitario. Lo normal es que el temor inicial de las universidades existentes a que la fiebre inauguracionista se nutra de sus propios recursos, o a costa de sus expectativas de mejora, no resista el envite y las nuevas universidades se creen después de un proceso de negociación, en el que ambas partes reciben una cierta satisfacción. Ese proceso no parece haber tenido lugar en Alicante. Y es por ahí por donde habría que empezar si se quiere quitar hierro al conflicto. No estaría de más que las autoridades políticas y académicas valencianas hicieran una reflexión conjunta sobre los efectos reales de la multiplicación acelerada de universidades en la calidad de la enseñanza. Esa reflexión centraría la polémica y la despojaría del halo político que hoy la envuelve.