El Congreso encarga al Tribunal de Cuentas que investigue un presunto fraude inmobiliario en Alicante
La Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas acordó ayer por unanimidad pedir al tribunal que investigue la compra por la Autoridad Portuaria de Alicante de la tercera fase del hotel Meliá por valor de 1.872 millones. La operación, según el diputado de IU-IC Manuel Alcaraz, tiene todas las trazas de un importante fraude.
Aunque Alcaraz no dio nombres, se trata de una operación de compra cuando Angel Cuesta era presidente del consejo rector de la Autoridad Portuaria de Alicante, en el pasado mes de marzo. Según el diputado de IU, el puerto de Alicante adquirió por 1.872 millones unos apartamentos de la tercera fase del hotel Meliá que "no había sido dedicada a ningún uso, estaba cerrada" y "se compra sin saber para qué se va a destinar". El portavoz de IU explicó que, a preguntas suyas, el Gobierno contestó primero que la Autoridad Portuaria pensaba dedicar la parte del hotel adquirida a oficinas o palacio de congresos, y más tarde se habló de usos hoteleros.
El nuevo presidente del puerto de Alicante, Mario Flores, designado por el Gobierno del Partido Popular, ordenó abrir una investigación y, aunque el diputado Alcaraz carece de datos, denunció que, según algún estudio, "se pagó más del valor de mercado", y que, "de los 70 apartamentos comprados, 13 están sujetos a embargo". Además, se pagaron 450 millones a alguien, que el diputado no citó, que no tiene "propiedades, sino presuntos derechos futuros en procesos abiertos sobre bienes embargados".
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