Bruselas impondrá a España una solución por la fuerza para compensar la inversión que hizo Airtel

El comisario de la competencia Karel van Miert ha perdido la paciencia y ha anunciado que de forma inmediata recurrirá al artículo 90 del Tratado de la Unión para solucionar por la fuerza el contencioso que mantiene con España por el caso Airtel-Telefónica. Eso significa que la Comisión Europea impondrá a España una solución de obligado cumplimiento, que consistirá en que el Estado devuelva a Airtel los 85.000 millones de pesetas que pagó por la segunda licencia de telefonía móvil, en hacer pagar esa cantidad a Telefónica o en imponer una vía intermedia de compensación.

La decisión de Karel van Miert parece un último órdago antes de tener que recurrir al artículo 90 del Tratado de la Unión, que en la práctica no se ha utilizado casi nunca. Este artículo, referido al funcionamiento de las empresas públicas y de aquéllas que lo hacen en régimen cercano al monopolio en sectores estratégicos, faculta a la Comisión a dirigir a los Estados "directivas o decisiones apropiadas".El gabinete del comisario de la competencia afirmó ayer que éste ha dado órdenes a los servicios jurídicos para que preparen todo el, proceso jurídico necesario para aplicar este artículo a España por este contencioso. El pistoletazo de salida se tomará "en las semanas inmediatamente próximas", precisaron las mismas fuentes.

La virulencia de Van Miert sorprende después de que, tanto el comisario, como el ministro español responsable de Telecomunicaciones, Rafael Arias Salgado, acercaran posiciones respecto a los numerosos asuntos pendientes: Airtel, Cablevisión y liberalización de la telefonía básica.

Forzar una solución

Tras su entrevista del pasado martes quedó claro que no se había alcanzado un acuerdo en nada, pero pareció que la tensión había disminuido y en los próximos días se alcanzarían pactos definitivos. El recurso al artículo 90 parecería, desde ese punto de vista, una vuelta de tuerca de Bruselas a Madrid para forzar una solución, al menos al contencioso de Airtel. Este asunto ha sido heredado por el PP del anterior ejecutivo. En tiempos del ministro socialista José Borrell, España sacó a subasta una segunda licencia para operar en el sector de la telefonía móvil (GSM) que se uniría así a la concedida a Telefónica.Airtel -con el Banco Santander, el BCH, la eléctrcia ENDESA y Airtouch como principales accionistas- ganó el concurso y pagó 85.000 millones de pesetas al Estado para hacerse con la licencia. Su competidor era SRM-Cometa -con el BBV, La Caixa, Sevillana, Iberdrola, Vodafoni y DT Movil-, que ofreció 89.000 millones, pero perdió por tener tarifas más altas. El sistema utilizado por España despertó en seguida las reticencias de la Comisión Europea. Bruselas sostiene que el pago de la licencia deja a Airtel en inferioridad de condiciones frente a Telefónica, que obtuvo la suya a través del Contrato Programa con el Estado.

El comisario Van Miert instó a España a igualar las condiciones entre los dos operadores, bien devolviendo a Airtel el dinero pagado, bien obligando a Telefónica a pagar la misma cantidad, bien mediante la concesión de compensaciones por parte de la telefónica pública al nuevo operador privado.

Borrell siempre se opuso a las exigencias esgrimidas por Van Miert al entender que el contrato programa impide al Estado reclamar ese dinero a Telefónica, por considerar que Airtel y todas los demás concursantes sabían de antemano que la primera licencia se otorgó a Telefónica como se otorgó y porque cualquier modificación ulterior de las condiciones de concesión, de la segunda licencia significaría una discriminación para el resto de empresas que licitaron en el concurso, lo que podría originar un embrollo jurídico de enormes proporciones.

El ex ministro. socialista Borrell alegó también que las autoridades de Bruselas debían tener en cuenta las inversiones que realiza la compañía Telefónica a fondo perdido en las zonas rurales, un factor que la Administración quiso compensar a través de la concesión de la primera licencia de telefonía móvil.

Con la llegada del Partido Popular, el Gobierno español cambió de estrategia y animó a los responsables de las dos empresas a llegar a un acuerdo mutuo. Ese acuerdo no se ha producido hasta ahora y la Comisión Europea ha visto los contactos con mucho recelo, temerosa de que Airtel y Telefónica se pongan de acuerdo en más asuntos de lo que se puede considerar sano y establezcan un duopolio de hecho que impida la entrada de competidores cuando el sector esté completamente liberalizado.