España presiona para que Bruselas mantenga "en secreto" la congelación del fondo de cohesión

Tras las negociaciones celebradas la noche del martes, la Comisión Europea y el Gobierno mantienen las espadas en alto sobre la sanción cautelar -de unos 30.000 millones de pesetas- contra la disposición del Fondo de Cohesión por España, a causa del exceso de déficit sobrevenido por la afloración del llamado agujero de 721.170 millones. España sólo aceptaría una reprimenda y que la congelación del fondo durante un mes se mantuviera "en secreto".

Bruselas se siente "engañada" y pretende aplicar la sanción. El máximo revés que está dispuesto a asumir el Gobierno es una declaración política de reprimenda. Esa declaración podría anunciar, si multáneamente, que el Ejecutivo comunitario ha mantenido congelado durante un mes la disposición de los recursos del Fondo de Cohesión, y que en ese mismo momento levanta la sanción. Es decir, mantener "en secreto" la congelación, para no influir negativamente en los mercados. Ni un milímetro más, según quedó claro en la reunión negociadora del martes y ha sabido este diario. España dio indicaciones de que si el castigo es superior, recurrirá contra la Comisión ante el Tribunal de Luxemburgo (ver EL PAÍS de ayer).Esa reunión entre el gabinete del comisario de Asuntos Monetarios, Yves-Thibault de Silguy, y una delegación de Economía, acabó en discrepancia frontal. El equipo de De Silguy manifestó que la Comisión se sentía "engañada" porque aprobó el déficit del 5,8% PIB en 1995 tras el examen de la primavera pasada, y una vez aprobado, surgió como una seta un importante déficit adicional, que lo aumenta hasta el 6,6%.

Ese exceso no sería ya perseguible, porque el segundo examen, el de noviembre próximo, sólo versa sobre las perspectivas de cumplimiento del déficit del año en curso, a tenor de la parte ejecutada del presupuesto, que debe situarse en el 4,4% del PIB. Entiende que España habría actuado con una argucia, mal ejemplo que otros países podrían seguir. En consecuencia, el equipo de De Silguy se mostró inflexible en su voluntad de establecer la sanción de suspensión temporal.

El Gobierno teme que una sanción pública afectase a la credibilidad de su compromiso de convergencia hacia la moneda única, lograda gracias al proyecto de presupuesto y al descenso de los tipos de interés. Le inquieta la hipótesis de que los mercados le volviesen la espalda, consciente de que al final, por más que pueda imputar las responsabilidades al Gobierno socialista, le tocará pagar a él. Y no se fía de que una posible congelación fuese inmediatamente levantada. La Comisión está preocupada por el descrédito que para su labor de vigilancia supondría la ausencia de respuesta, ante lo que considera un incumplimiento flagrante por parte de España.

Es una batalla entre dos púgiles a la vez fuertes y débiles. Los argumentos jurídicos españoles para un eventual recurso ante Luxemburgo aparecen como muy sólidos en el aspecto formal. Eso es así porque la decisión. del Consejo de Ministros de Economía -el poderoso Ecofin- de julio de 1995 interpretando que la retirada o suspensión del Fondo de Cohesión podrá hacerse al cabo de un año si el país afectado incumple su propio programa de convergencia y no al final de dicho programa cuatrienal, sólo consta en el considerando de una recomendación y no en el reglamento.