CiU pide una ley que refuerce el secreto sumarial

El diputado Ignacio Guardans Cambó, representante de CiU en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, afirmó ayer que España necesita una mayor protección para el secreto sumarial, y que su grupo estaría dispuesto a apoyar una ley para reforzar ese secreto. Estas manifestaciones se produjeron durante la comparecencia del ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, para explicar las investigaciones sobre el caso Lasa-Zabala.Mayor Oreja no reveló detalles sobre las investigaciones porque están amparadas por el secreto sumarial, y además, los funcionarios que las realizaron lo hicieron en calidad de policía judicial, por lo que los resultados ffieron directamente a los jueces, sin que Interior accediera a los mismos.

El ministro, al final de la comparecencia, se comprometió a hacer público en la comisión todo lo que su departamento conoce del caso, pero sólo cuando concluya la instrucción y el proceso pase a la fase de plenario.

Previamente relató que la secretada de Estado Margarita Robles encargó en marzo de 1995 una Ovestigación de los hechos a una comisión mixta de policías y guardias civiles dirigida por el comisario Enrique de Federico y el general Francisco Fuentes. Pero al mes siguiente el caso se judicializó al constituirse la comisión como policía judicial.

Mayor Oreja detalló la detención e ingreso en prisión de los principales acusados: Enrique Dorado, Felipe Bayo, Pedro Gómez Nieto, Enrique Rodríguez Galindo y Julen -Elgorriaga, y aclaró que todos ellos están siendo investigados también por el juez Baltasar Garzón en el caso Oñederra.

El ministro se refirió a la diferencia moral entre los terroristas y los demócratas, y explicó que se debería hacer un esfuerzo para poner de manifiesto la fortaleza del Estado de Derecho.Mayor Oreja afirmó: "Al final, a trancas y barrancas,, lo cierto es que 13 años después lo sucedido no está quedando impune. Los procesos Judiciales se están produciendo, y además con situaciones como la de cárcel, que dejan claro que la democracia tiene fortaleza para dar respuesta a esa situación".

Los portavoces del PP, Ignacio Gil Lázaro; del PSOE, Juan Alberto Belloch, y de CiU, Ignacio Guardans, respaldaron que hay que dejar actuar a los jueces para depurar responsabilidades penales, pero que hay que sacar el asunto del ámbito político. Guillermo Meyer, por IU, Begoña Lasagabaster, por Eusko Alkartaguna, y Margarita Uría, por el PNV, criticaron al Gobierno por no desclasificar los papeles del Cesid que afectan al caso.

Por otra parte, el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño ha comenzado a embargar las cuentas bancarias y las propiedades de los implicados en el caso Lasa-Zabala para garantízar así el pago de las indemnizaciones a las familias de los jóvenes, en caso de que los procesados sean condenados, según informó la Cadena SER.

El juez ha iniciado los trámites para que cada uno de los siete procesados hagan efectiva la cantidad fijada en concepto de responsabilidad civil y, en caso de declarar insolvencia, proceder al embargo de sus cuentas y bienes.

Después de que varias salas de lo Penal de la Audiencia Nacional hayan ido confirmando los procesamientos de los implicados, con lo que han dado la razón al juez sobre los indicios de criminalidad, el magistrado ha iniciado el trámite de embargos por cantidades cercanas a los 500 millones de pesetas.

Gómez de Liaño fijó una fianza por responsabilidad civil de 100 millones para los cuatro guardias civiles implicados y de 10 millones cada uno en el caso de Rafael Vera, Elgorriaga y el abogado Jorge Argote.