Serra asegura que los recelos del Ejercito a la supresión de la mili han desaparecido

Los recelos de los mandos militares hacia la profesionalización de las Fuerzas Armadas y la consiguiente supresión de la mili, se han disipado por completo. Así lo aseguró ayer en el Senado el ministro de Defensa, Eduardo Serra, quien calificó dichos recelos de "menores", aunque "no infundados". Existía el temor, admitió, a que la profesionalización llenase los cuarteles de mercenarios y marginados.

"Por decirlo coloquialmente, los militares prefieren que los experimentos se hagan con gaseosa", explicó Serra. Afortunadamente, el conservadurismo de los militares se compensa con su no menos arraigado sentido de la disciplina.A pesar de que Defensa no incrementará en 1997 el ritmo de la profesionalización -convocará 3.500 nuevas plazas de soldados y marineros, las mismas que en años anteriores-, el ministro mantuvo el 2003 como "fecha probable" para la supresión de la mili.

Manuel Varela, portavoz del PSOE, único partido que apostaba todavía por mantener la mili, dijo que su grupo no se opondrá a un ejército totalmente profesional, pero consideró "preocupante" que se "haya empezado la casa por el tejado", anunciando a fecha fija el final de la mili sin que se sepa todavía cuánto va a costar, "aunque parece claro que bastante más que el modelo actual".

Serra, que compareció por vez primera ante la comisión de Defensa del Senado, explicó el proceso de reforma de la OTAN y la próxima integración de España en su estructura militar. El Ministro indicó que, hasta ahora, ha existido una "altísima dosis de unanimidad" entre los aliados en el diseño de las nuevas estructuras, pero vaticinó problemas cuando se entra a discutir "la letra pequeña". Si bien citó el acuerdo del comité militar para suprimir los mandos de cuarto nivel, entre los que se encuentra el de Gibraltar, también advirtió que, en lo que respecta a la nueva estructura de la OTAN, "nada está acordado hasta que todo está acordado".

Una de las pocas novedades que aportó el ministro fue el coste económico de la plena integración en la Alianza: la contribución española pasará de los actuales 2.000 millones al año a 4.000 o 5.000, dependiendo de que se integre también Francia y sin contar con la participación en programas como el de alerta temprana, que dispararía dicha cifra.