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Gobierno ofrece al PSOE la inmediata negociación de un nuevo pacto autonómico

Luis R. Aizpeolea

El Gobierno ha ofrecido al PSOE abrir negociaciones para alcanzar en el plazo más breve posible un nuevo pacto autonómico. El ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, lo confirmó el pasado viernes tras el Consejo de Ministros. Con el nuevo acuerdo autonómico, anunciado por Rajoy en su programa ministerial, se pretende culminar el catálogo de competencias de as comunidades autónomas de vía lenta, reguladas por el artículo 143 de la Constitución. El traspaso de la sanidad es el tema principal de la oferta del pacto, y el Gobierno pretende seguir el modelo recientemente acordado con el PSOE con la reforma del Estatuto de Aragón.

El Ejecutivo intenta retomar el diálogo con los socialistas sobre el futuro del Estado de las autonomías, que de manera fluida mantenían Rajoy y el secretario de relaciones políticas e institucionales del PSOE, Txiki Benegas, y que quedaron interrumpidas por el enfrentamiento sobre el modelo de financiación autonómica.Rajoy y Benegas habían avanzado considerablemente en la elaboración del nuevo pacto tras acordar la reforma del Estatuto de Aragón, que se tramita en las Cortes. El estatuto, aprobado unánimemente por el Parlamento autonómico y enviado a las Cortes Españolas, elevaba considerablemente el nivel de competencias. Prácticamente igualaba a Aragón con las comunidades de vía rápida, regidas por el artículo 151 de la Constitución, al exigir el concierto económico y un modelo de policía autonómica integral, así como la competencia de Prisiones.

De esta forma se rompía la originalidad de los estatutos vasco y catalán, con competencias específicas por razones históricas y políticas. Por temor a una nueva carrera entre comunidades, Rajoy y Benegas, junto con los grupos del PP y el PSOE, recondujeron el proceso sobre Aragón y pactaron unas enmiendas que desactivaron las exigencias más conflictivas.

Traspaso de la sanidad

Populares y socialistas desecharon la propuesta de concierto económico, la policía autonómica integral y el traspaso de Prisiones; aceptaron, sin embargo, que el traspaso de la sanidad, la formalización de convenios con unidades de la policía para la vigilancia de edificios y el fin de las restricciones de los Parlamentos autonómicos.A partir de la aprobación del nuevo estatuto, los parlamentarios podrán cobrar sueldos -hasta ahora, en las comunidades de vía lenta sólo cobraban dietas- y ampliar su número, restringido por los pactos autonómicos de 1981.

El Estatuto de Aragón será el modelo para los nuevos pactos que el Gobierno trata de negociar con el PSOE. Hay un único punto de fricción, que Felipe González planteó el viernes en Valladolid: su negativa a que los gobiernos autonómicos tengan capacidad de disolver los parlamentos. El Ejecutivo, según el secretario de Estado de Administración Territorial, Jorge Fernández, está dispuesto a conceder esa capacidad a todos los gobiernos autonómicos -ahora sólo disponen de ella las comunidades de vía rápida: País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucia-, pero de una manera tasada.

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La primera condición que propone el Gobierno es que las elecciones en las comunidades de vía lenta se celebren cada cuatro años, en coincidencia con las municipales, aunque haya disolución anticipada. Otras condiciones que plantea es que las Cámaras no se puedan disolver en el último año ni cuando se tramite una moción de censura.

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