Adelgazar para vivir

Huarte, la constructora que protagonizó el pasado mes de marzo la mayor suspensión de pagos de la historia del sector en España, con un pasivo final de 91.000 millones de Pesetas, ha optado a los seis meses por resolver su crisis por la vía judicial, después de intentar varias caminos alternativos y no sacar adelante un plan de viabilidad.La actual dirección, ante la imposibilidad de cimentar un plan de viabilidad y de no conseguir ayudas en forma de créditos blandos por parte del Instituto de Crédito Oficial (ICO), ha diseñado un convenio de acreedores que fija una quita media del 50% de la deuda no garantizada que asciende a 53.400 millones de pesetas. Paralelamente, dos expedientes de regulación de empleo, adelgazarán, la plantilla en 850 trabajadores desde una plantilla fija de 1.500 que contaba cuando suspendió pagos.

Actualmente, la empresa, con una cartera de 200 obras, mantiene con actividad 90 de ellas. Durante los seis meses que ha durado el proceso judicial, Huarte ha perdido dos grandes obras. La primera, el terminal de carga del aeropuerto de Madrid-Barajas cedida a una unión temporal de empresas (UTE) y la segunda, el Gran Hospital de Galicia, de Santiago de Compostela, que construirá San José y Abengoa. De los 120.000 millones de pesetas de cartera de obra que tenía la empresa en el momento de la suspensión de pagos, se ha pasado a una previsión de 70.000 millones al final de este ejercicio.

Las adhesiones al convenio "marchan a un gran ritmo", según informan fuentes de Huarte y el director general, Rafael Fernández, se atreve a pronosticar que a final de octubre puede contarse con el 66% del total de la deuda adherida que exige la ley para el juez declare válido el convenio de acreedores. El juez que instruye la suspensión de pagos ha puesto como fecha límite el 31 de octubre para adherirse y para el 15 de noviembre puede producirse el auto del juez dando validez al convenio.

La deuda no garantizada (53.400 millones de pesetas) se distribuye entre los 12.500 millones de los bancos, los 7.500 millones de pesetas de los obligacionistas y los 33.400 millones a los proveedores. Según los datos facilitados por la empresa Huarte, cuenta con 5.500 acreedores y a 3.500 de ellos se les debe una cantidad inferior a dos millones.

El consejo de administración de la compañía ha convocado junta general extraordinaria de accionistas para el 24 de octubre, con el fin de aprobar la operación acordada que consiste en reducir el capital a cero para enjugar pérdidas y ampliarlo hasta 10.048 millones de pesetas en acciones de un nominal de 500 pesetas. Tendrán derecho de suscripción preferente los actuales accionistas a razón de seis acciones nuevas por cada cinco acciones viejas. En esta operación ya podría participar el hipotético nuevo socio de Huarte, si adquiriera los derechos en Bolsa. La empresa asegura que negocia con varios socios interesados en entrar en el capital. El propio Fernández reconoce que todos los socios aspirantes exigen como primera medida que se levante la suspensión de pagos.

El convenio de acreedores es único camino que permite que la constructora pueda levantar la suspensión de pagos, requisito ineludible para que la empresa puede volver a contratar obra pública. La propuesta hecha a los acreedores fija cuatro variantes de la que cada acreedor puede elegir la que más le convenga, aunque en todas ellas el resultado económico final es el mismo, es decir, que cada acreedor debe perdonar la mitad de su deuda.

La deuda preferente que se encuentra fuera de este convenio asciende a 47.600 millones de pesetas. De esta cantidad, la mitad son créditos hipotecarios garantizados y el resto se los reparten entre Seguridad Social, Hacienda, deuda con otras empresas y alguna pequeña deuda con la plantilla. Rafael Fernández planteará a la Administración un convenio especial, mientras que los créditos hipotecarios se abonarán según las condiciones pactadas; pero sólo aquellos cuyos activos interesen a la empresa y el resto se venderán.

Los subcontratistas de Huarte, a los que la empresa debe unos 30.000 millones de pesetas, han presentado un plan de capitalización de la empresa. Con esta iniciativa, los proveedores pretenden que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) desbloquee las ayudas que le habían solicitado por valor de 25.000 millones de pesetas y que el ministerio de Economía supeditó a la entrada de un socio industrial.