La carretera mató a la fábrica

Todo iba bien hasta que llegó la carretera. La empresa Cyrpa, dedicada a la construcción de grandes estructuras metálicas, se quedó aislada en abril de 1985. Las máquinas de la Consejería de Obras Públicas, que traza ban una variante a las afueras de Griñón (3.550 habitantes), le cortaron sus salidas. Y todo sin previo aviso. Un año después, la empresa quebró al no poder sacar sus productos.El Defensor del Pueblo falló a su favor en 1989, pero todo fue inútil. Nadie quiso responsabilizarse. Los bienes del propietario de la empresa, Gregorio Pascual, de 58 años, fueron embargados. Entró en una profunda depresión que le duró tres años. Aún debe hacer frente a las deudas que dejó. "Los obreros lloraban cuando les despedí porque sabían que era una gran injusticia", recuerda.

Gregorio Pascual, un proyectista, fundó en 1983 la empresa Cyrpa, SA. "Un socio y yo decidi-mos invertir nuestros ahorros en la industria. Contratamos a 14 trabajadores y pronto logramos importantes contratos con la Administración y empresas privadas. Nuestros productos lograron prestigio y una empresa norte> americana nos ofreció asociarnos para fabricar componentes metálicos para aviones. Pero en 1985 todo cambió. Al trazar la variante de Griñón nos dejaron sin salidas. Ni por delante ni por detrás podíamos salir. Pensábamos que era algo transitorio y reclamamos. Pero el tiempo pasaba y seguíamos aislados. Empezamos a perder pedidos. Los bancos nos apretaban. Comenzaron los embargos: los terrenos, la fábrica, la maquinaria, mi casa...", solloza.

En 1989, el Defensor del Pueblo, Álvaro Gil-Robles, reconoce que la empresa estuvo incomunicada "durante casi un año para la entrada y salida de camiones largos, que eran necesarios para el transporte de las estructuras metálicas" Y continúa: "Parece ser que el interesado tiene razones fundadas para que su petición sea atendida por la Comunidad, ya que no se puede alegar en este caso la presencia de fuerza mayor, y se ha producido un perjuicio que lo ha sufrido sin tener el deber de soportarlo, lo que implica una lesión, es decir, un sacrificio especial y singular superior al de otros ribereños". El Defensor del Pueblo pidió a la Comunidad que indemnizara a Pascual. Pero han pasado ya ocho años.

"Por las noches no puedo dormir pensando en ello", dice Pascual. "Yo era un empresario decente, que trabajaba para levantar una empresa. Por culpa de estas administraciones, ahora soy un pensionista, con una mujer sirviendo, cargado de deudas que no puedo pagar y una vida destrozada. No creo en la justicia. Sé que el Gobierno ha reabierto mi expediente, pero harán lo mismo". Este periódico no ha podido lograr en los últimos cinco días la versión de la Comunidad.