El Consejo Económico Social pone 16 trabas a la Ley de Espectáculos
El proyecto de Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas se ha estrellado contra el Consejo Económico Social (CES). Este organismo consultivo, integrado por 27 personas (nueve sindicalistas, nueve empresarios y nueve expertos), ha encontrado 16 carencias en el texto remitido por el Gobierno regional. Por unanimidad, los representantes del CES acordaron enviar al Ejecutivo sus 16 recomendaciones para la modificación del texto legal.
El consejero de Presidencia, Jesús Pedroche, defiende el proyecto elaborado por su departamento: "Es una de las leyes más importantes de la Comunidad de Madrid". Y asegura que en 15 días será aprobado definitivamente por el Gobierno regional.
Antes, su departamento modificará la redacción de algunos artículos para recoger varias sugerencias del CES. Ejemplo: "Nos han pedido que ampliemos la cuantía de los seguros obligatorios que deberán contratar las salas de espectáculos. Estamos dispuestos a estudiarlo, aunque ya hemos puesto las cantidades más altas de toda España". El CES replica: "El hecho de que otras comunidades autónomas hayan fijado unas cantidades' menores no supone justificación alguna para las cantidades señaladas en el anteproyecto. El propio sector de espectáculos suele inclinarse por ser más acorde con la realidad y suscribir pólizas que cubran mayor riesgo, a pesar del coste económico que pueda suponerle".
La Comunidad obligará a todas las salas a contratar unos seguros obligatorios con capitales mínimos para cubrir los riesgos del local y la responsabilidad civil por daños.
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Las grandes salas deberán suscribir pólizas que cuadruplican la que tenía Alcalá 20
VIENE DE LA PÁGINA 1Los recintos con aforos de hasta 100 personas tendrán que contratar pólizas por un capital mínimo de siete millones de pesetas; hasta 300 personas, 12 millones; hasta 700, 35 millones; hasta 1.500, 50 millones, y hasta 5.000, 90 millones.
Con estas tarifas, que el Ejecutivo regional estudia modificar al alza, las grandes salas de Madrid deberán suscribir pólizas cuya cuantía mínima (90 millones) cuadruplica la fijada en el seguro de la discoteca Alcalá 20 cuando se, incendió (de ocho millones entonces, que serían 19,1 millones en pesetas de hoy).
La experiencia demuestra que estas cifras pueden resultar insuficientes. Las cantidades aseguradas no alcanzarían, por ejemplo, para cubrir daños en caso de grandes tragedias. En Alcalá 20 murieron 81 personas, el juez decretó 2.000 millones de indemnizaciones para los familiares, pero el seguro de la discoteca sólo cubría ocho millones; en la discoteca Flying de Zaragoza fallecieron 41 personas, el juez pidió 800 millones de indemnización, pero el seguro de la sala sólo alcanzaba cinco millones.
Una póliza anual para una discoteca grande, según la patronal de seguros, cuesta actualmente cerca de un millón de pesetas.
El consejero de Presidencia estudiará este inconveniente junto a los otros 15 denunciados por el Consejo Económico Social (CES).
Este organismo consultivo cuestiona que la Comunidad, con sus escasos seis inspectores' pueda controlar la actividad dé los locales de ocio. Pedroche explica que las tareas inspectoras corresponden a los agentes de policía local de los municipios y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Esta es una de las dudas que el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón ha tenido que aclarar en los últimos meses. Desde enero, los dirigentes regionales negocian el proyecto de ley con los distintos sectores afectados.
En Madrid, la normativa sobre espectáculos y actividades recreativas afectará a 17.500 bares y cafeterias, 500 locales de copas, 160 discotecas y salas de fiesta y 48 teatros. Todos estos locales deberán pagar multas multimillonarias (entre cinco y 50 millones de pesetas) si venden alcohol a menores. Por tabaco vendido a menores, la multa baja a 500.000 pesetas; por falta de limpieza o incumplimiento de horarios, sólo 100.000.
El Consejo Económico Social ha pedido a la Comunidad que establezca en el articulado de la ley mecanismos para que traba adores y vecinos puedan j
ser oídos antes de que se autoricen grandes espectáculos, ampliación de horarios o cierres de locales. '
Luis Mallo, director general de Protección Ciudadana, contesta: "Eso ya está previsto en la legislación nacional y en el Estatuto de los Trabajadores".
También solicita el CES que se regule con precisión el derecho de admisión en los locales para evitar que se produzca "una selección arbitraria y discriminatoria de público en los establecimientos".
Mallo considera, "muy importante" este aspecto de la ley y asegura que será desarrollado por un reglamento en el plazo de seis meses. "Será un reglamento ampliamente discutido con todos los sectores afectados", anuncia.
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