Inspección alimentaria

Cuando defiendes tus derechos de consumidor con la mejor intención, esperas al menos un sistema de inspección que funcione, las menores molestias y, por supuesto, la mejor disposición hacia quien detecta el fraude o el problema. Pero esto no parece ser así, al menos en el Ayuntamiento de Madrid.En diciembre de 1995 (navidades, época de gran y rápido consumo) compré un derivado de pescado que se encontraba en oferta en un hiper de gran superficie (de buena gana pondría el nombre, pero seguro que me costaría alguna querella más); ya en mi casa aprecié en el etiquetado que no figuraban ni la fecha de caducidad ni el lote. Esto supone un riesgo para la salud del consumidor y una infracción grave a la norma de etiquetado. Regresé una semana más tarde, y el alimento seguía allí en las mismas condiciones.

Me dispuse entonces a efectuar una reclamación, primero relaté la anomalía y el responsable de área habló conmigo y confirmó lo señalado; como era cierto, la hoja de reclamación se cursó. Continué efectuando compras y pude observar cómo unos operarios retiraban el producto inmediatamente. Hasta aquí, todo me pareció normal, pues realmente suponía un riesgo.

No puedo decir lo mismo sobre el sistema de inspección del Ayuntamiento; en primer lugar, es el propio consumidor -y no el presunto infractor- el que ha de molestarse y enviar al Área de Salud Pública la reclamación a no se sabe dónde, pues el Ayuntamiento ni se toma la molestia de señalar la dirección de envío en las hojas. (¿Qué ocurrirá con las reclamaciones hechas por extranjeros?). En fin, me tragué las molestias y lo envié.

Ahí no acaban las cosas, mi sorpresa fue mayúscula cuando el 29 de enero recibo de los servicios municipales (referencia: AA/mr 9600021) la siguiente respuesta: "Personados los servicios de inspección adscritos a este departamento, en el centro comercial mencionado no detectan los problemas denunciados".Nuevamente, me tragué las molestias de informarme y personarme para hablar con la jefe de servicio del departamento de Higiene Alimentaría del Ayuntamiento de Madrid, y después de tragarme su charla sobre lo bien que funcionaba y que los pocos expedientes abiertos indicaban una mejora, bla, bla..., Unión Europea..., etcétera, le comenté lo ocurrido y mi indignación sobre el sistema, llegando a la conclusión de que no valía para nada, que favorecían al infractor, y que sólo con cambiar-retirar el producto cuando se efectuaba la reclamación -o ni siquiera eso si es una época-producto de rápido consumo- la posterior inspección no encontraría rastro alguno y que sólo abrirían expediente a los tontos; en fin, que inventaran otra fórmula. La cosa pasó a mayores y me tragué una discusión con una pared que, no sabiendo dar argumentos ni explicación coherente, me remitió finalmente a que me tragara al concejal de Consumo. Pero ya no estaba dispuesto a más trágalas y pensé que lo más efectivo seguía siendo una nota a los medios de comunicación.

El resultado final: el infractor no se molestó ni en poner un sello, y yo, por defender mis derechos, ya lo han visto. Pero el problema sigue estando ahí, y el sistema de inspección no funciona. ¿Qué hubiera ocurrido si se produce una intoxicación u otro problema grave? Seguro que el Ayuntamiento habría detectado: nada anormal.-