Perote, a través de su cuñado, ofrecio a Manglano un acuerdo para devolver los 'papeles del Cesid'

El coronel Zacarías Hernández Pérez, Zarca, de 55 años, cuñado del ex jefe de la Agrupación Operativa del Cesid Juan Alberto Perote, contactó el pasado mes de marzo, tras las últimas elecciones generales, con el Gobierno socialista en funciones para ofrecerle un pacto que pusiera fin al escándalo provocado por la difusión de los papeles del Cesid. Zarca transmitió la oferta a través del ex director general del servicio secreto Emilio Alonso Manglano, y del antiguo jefe de la división de Interior del centro Santiago Bastos. El Gobierno rechazó el acuerdo por considear que llegaba demasiado tarde.

Zacarías Hernández, hoy coronel en la reserva, estaba destinado en el área de terrorismo del Cesid cuando su cuñado dirigía la Agrupación Operativa. Según las fuentes consultadas, Zarca aceptó el papel de intermediario debido a las repercusiones que el encarcelamiento de Perote en la prisión militar de Alcalá de Henares (Madrid), desde septiembre de 1995, estaba teniendo para su familia.La oferta que transmitió Zarca era similar a la recibida por otros canales: Perote estaba dispuesto a devolver los documentos sustraídos al Cesid a cambio de que se resolviera favorablemente el sumario que tiene abierto en la jurisdicción militar. Además, Perote anunciaba su propósito de restar, en sus declaraciones ante distintos jueces, cualquier valor a los documentos difundidos hasta entonces.

El Gobierno del PSOE, que ya estaba preparando las maletas para abandonar el poder, rechazó el ofrecimiento. Consideró que llegaba demasiado tarde, pues la causa militar contra Perote se encontraba muy avanzada. Por otra parte, tampoco existía garantía alguna de que el ex agente del Cesid pudiese: impedir la difusión de nuevos papeles secretos, sobre los que habría perdido mucho antes todo control.

Implicación de 'Zarca'

Este análisis se vio confirmado el pasado miércoles, cuando El Mundo reprodujo un documento en el que se cita a Zarca como oficial de caso" de la denominada operación Mengele, que supuestamente habría consistido en la experimentación en mendigos de una droga que se planeaba usar para el secuestro del dirigente etarra Josu Ternera.

"Si Perote conservara alguna capacidad de decisión no habría permitido que se difundiera un documento que puede perjudicar gravemente a su cuñado"., afirman personas que conocen de cerca al coronel. Ayer, El Mundo calificaba a Perote de "delincuente", pese a reconocer que 'fúe el origen de las informaciones sobre la utilización de cobayas humanos por el Cesid".

La respuesta que dio el Gobierno a Zarca fue que la única alternativa que le quedaba a su cuñado era acudir ante el juez militar que le procesó, Jesús Palomino, y devolver los documentos sustraídos, en el convencimiento de que esta actitud sería tenida en cuenta por el fiscal castrense a la hora de acusarle.

El coronel Zacarías Hernández no fue sino el último de los muchos intermediarios que utilizó Perote para intentar un pacto con el Gobierno socialista.

El pasado mes de agosto, Curro Perote, hermano del ex agente secreto, se puso en contacto con el general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, a quien expresó la necesidad de buscar una salida para su pariente. Como le ha ocurrido ahora a Zarca, el antiguo jefe del cuartel de Intxaurrondo pasó en poco tiempo de mensajero a víctima de Perote, pues los documentos facilitados por el coronel sirvieron al juez Javier Gómez de Liano para ordenar su encarcelamiento por el caso LasalZabala.

Gestión ante Galindo

Las gestiones de Curro Perote con Rodríguez Galindo fueron paralelas a las negociaciones que el abogado Jesús Santaella mantenía con el presidente del Gobierno, Felipe González, y con el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, para resolver los problemas judiciales de sus dos clientes: el ex agente del Cesid y el expresidente de Banesto Mario Conde.

El hecho de que Santaella subordinase la búsqueda de una salida para el antiguo espía a la satisfacción de las pretensiones del banquero impidió alcanzar un acuerdo, por lo que las conversaciones quedaron definitivamente rotas el 1 de septiembre.

Aún se produjeron algunos intentos de aproximación, sin resultado, antes de la postrera gestión de Zarca. También en septiembre fue de nuevo Santaella quien planteó un pacto, esta vez al defensor de Emilio Alonso Manglano, el abogado Luis Rodríguez Ramos, advirtiéndole de las consecuencias que tendría para su cliente no aceptarlo.