Nuevas atibuciones tras el pacto PP-PNV

El pacto de investidura firmado el pasado 30 de abril entre el Partido Popular (PP) y el Partido Nacionalista Vasco. (PNV) aumenta más aún las competencias de las instituciones vascas -Gobierno y diputaciones forales- en materia fiscal. Este compromiso se pondrá en marcha a partir del próximo año, una vez que las administraciones central y vasca renueven el Concierto Económico.Uno de los acuerdos pactados entre el PP y el PNV fue el compromiso del Gobierno de retirar los recursos pendientes ante los tribunales, interpuestos por la Administración central anterior contra las vacaciones fiscales vascas, esto es, la exención de tributar durante diez años a las empresas que se instalasen en el País Vasco. No sólo ha habido retirada sino que el el pasado 11 de septiembre, el Ministerio de Economía y Hacienda Interpuso un recurso contra el impuesto de sociedades vasco que otorga a las empresas radicadas en la comunidad la posibilidad de reducir su tributación.

Este recurso abrió un conflicto entre el Gobierno y el PNV así como otro interno en el seno del Ejecutivo entre el valedor del pacto, Jaime Mayor Oreja, y el ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato. El texto pactado entre el PP y PNV decía: "Se procederá a revisar los recursos presentados por el Estado en vía contencioso-administrativa, con relación a disposiciones forales en materia tributaria. Esta evaluación tendrá como objetivo desistir con respecto a aquellos que hayan perdido justificación". Los nacionalistas vascos alegaron que la interpretación pactada, aunque no escrita del texto, era el levantamiento de los recursos por parte del Gobierno.

Igual que Navarra

El pacto de abril entre el PP y PNV recoge también la ampliación a la comunidad vasca de la capacidad normativa sobre el IRPF en las mismas condiciones de las que dispone la comunidad foral navarra.Otra atribución importante que el pacto otorga al País Vasco es la concertación de la tributación de los impuestos especiales (alcohol, tabaco y derivados del petróleo). Su condición de monopolios del Estado impidió su concertación cuando las administraciones central y vasca firmaron el Concierto Económico en 1980.

Por último, el pacto otorga a la Administración vasca la concertación por la tributación de las rentas obtenidas por las personas físicas o jurídicas que tengan el la consideración de no residentes. Esto supone que las empresas filiales, cuya central está fuera del País Vasco, también tributarán en él. Hasta ahora tributaban en el domicilio de la empresa matriz.