Agravio en serie

LOS DIRIGENTES del PP están comprobando cada día por qué gobernar es más difícil de lo que parecía desde la oposición: porque toda solución implica casi siempre la aparición de un nuevo problema. El compromiso de reducir el déficit sin tocar las pensiones ni subir los impuestos ha llevado a la congelación, una vez más, de los sueldos de los funcionarios. Pero el principio de congelación reconoce una excepción: los médicos del Insalud, que protagonizaron el año pasado una huelga de dos meses que la Administración socialista cerró con una subida inmediata de 30.000 pesetas para 1995 y de 8.000 para 1996, a las que se añadía una cantidad -hasta 22.000 pesetas- ligada a la mejora de la productividad.El Ministerio de Administraciones Públicas considera que el acuerdo que dio fin al conflicto, firmado con el comité de huelga de los médicos, tiene la condición de convenio colectivo, por lo que está obligado a cumplir los aumentos pactados entonces. Los sindicalistas han respondido con un tomamos nota, que significa más o menos lo siguiente: ya sabemos lo que hay que hacer en adelante; llegar hasta la huelga para que se respeten los acuerdos firmados. Porque ocurre que también el conjunto de los funcionarios había alcanzado un acuerdo en 1994 en el que, aunque de manera algo barroca, se decía que las retribuciones subirían en 1996 y 1997 en la misma proporción que el índice de precios. El que la subida a los médicos sea en concepto de productividad y no afecte a los presupuestos no elimina su excepcionalidad.

.Estamos, pues, ante un episodio más de la guerra de agravios que viene envenenando las relaciones laborales españolas desde hace años. No hay que olvidar que la huelga de los médicos del área del Insalud -las comunidades que no tenían transferida la competencia de Sanidad- se originó precisamente por la exigencia de equiparar sus salarios con los de las comunidades que sí tienen plenas competencias en ese campo. El agravio se plantea ahora entre los médicos y el resto de los trabajadores del sector público. Los enseñantes ya han expresado su protesta, y no tardarán en hacerlo los demás colectivos, incluyendo los sanitarios no médicos.

El argumento de la superior vinculación del acuerdo firmado por un comité de huelga respecto al suscrito por la representación estable de los trabajadores es en sí mismo discutible, pero es, sobre todo, peligroso: constituye una incitación objetiva al conflicto. La invocación a la especial naturaleza del acuerdo, con subidas ligadas a la productividad, tiene más fundamento, aunque ello no elimina el agravio: los trabajadores de otras ramas de la Administración podrían quizá ofrecer mejoras constatables en su productividad que no se verán reflejadas en sus retribuciones.

Frente a la protesta de los sindicatos del sector público, que se consideran los paganos sistemáticos de la permanente crisis fiscal del Estado, suele esgrimirse el argumento de la estabilidad en el empleo de que disfrutan los funcionarios. Es un argumento poderoso, especialmente en las fases de pérdida acelerada de empleo, como en el bienio 1992-1993. Pero no puede emplearse indefinidamente y en todas las coyunturas. La actual es de fuerte creación de empleo, y con las sucesivas congelaciones (o casi) de los últimos años la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos será superior al 10% a fines de 1997.

La imagen peyorativa que identifica a los funcionarios con unos burócratas protegidos tras una ventanilla, y cuyo trabajo tiene poco que ver con el desarrollo de la sociedad, es una burda deformación: otro agravio. De los 2,2 millones de personas que trabajan para las administraciones públicas, los funcionarios, en sentido estricto, suponen 320.000. A ellos se suman 72.000 militares profesionales, y el resto son docentes, sanitarios, policías, personal de Justicia, guardabosques, bomberos... Sin ellos no funcionaría la sociedad civil.