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Fraga aproxima sus críterios a Bono y Chaves

Luis R. Aizpeolea

La Xunta de Galicia, gobernada por el PP y presidida por Manuel Fraga, ha iniciado un acercamiento a las comunidades andaluza y castellano-manchega, presididas por los socialistas Manuel Chaves y José Bono, respectivamente, para aunar criterios ante el encuentro decisivo del próximo lunes, en el que el Consejo de Política Fiscal y Financiera decidirá el nuevo modelo de financiación autonómica. Las comunidades más pobres y menos beneficiadas con la implantación del modelo están creando un frente común, al margen de sus colores políticos, ante la proximidad de su aprobación, para condicionar la posición del Gobierno, que aún no ha cerrado totalmente el sistema pactado con CIU el pasado mes de abril.La Xunta de Galicia comparte con la Junta de Andalucía el criterio de cesión de tributos especiales a las comunidades autónomas. También coinciden en la defensa de la implantación inmediata de los mecanismos compensatorios por el desarrollo del artículo 15 de la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas), un frente éste último al que se ha sumado un emblemático dirigente del PP, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan José Lucas.A este frente, con diferentes niveles de acuerdo, hay que sumar los parlamentos de Cantabria -con mayoría del PSOE y regionalistas- y de Asturias -con mayoría de socialistas, Izquierda Unida y regionalistas-, que condicionarán el voto de ambos gobiernos minoritarios del PP.

Más información
El presidente de Castilla y León rebela contra el modelo de financiación del Partido Popular

El responsable de financiación autonómica de Izquierda Unida, Pedro Antonio Ríos, anunció ayer que su grupo parlamentario acudirá al Tribunal Constitucional, como ya ha amenazado con hacerlo el PSOE, si el nuevo modelo de financiación aumenta las diferencias interterritoriales.

A juicio del dirigente de IU, el nuevo modelo de financiación deja demasiado margen a las negociaciones bilaterales posteriores con las gobiernos de las comunidades, por lo que el Gobierno se ha instalado en el vicio de los acuerdos secretos que se desarrollarán posteriormente.

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