El presidente de Castilla y León rebela contra el modelo de financiación del Partido Popular

Al Gobierno le puede salir cara la aprobación, el próximo lunes, del nuevo modelo de financiación autonómica, pactado entre el PP y CiU. El presidente de Castilla y León, el popular Juan José Lucas, se plantó ayer ante los ministros de Economía, Rodrigo Rato, y Administraciones Públicas, Mariano Rajoy. El almuerzo de presidentes autonómicos del PP con el que ambos ministros pretendían cerrar filas con vistas a la reunión del lunes resultó amargo. Lucas, una vez terminado el almuerzo, de tres horas de duración, se dirigió a los medios de comunicación y exigió al Gobierno cuatro condiciones, algunas de difícil cumplimiento, para que su comunidad, emblemática para el PP, apruebe el nuevo modelo, básico para el pacto con CiU.

"Fue un almuerzo franco y duro", según uno de los asistentes al almuerzo. El cierre de filas era necesario para el Gobierno, que cuenta de antemano con el voto negativo de las tres comunidades gobernadas por los socialistas -Andalucía, Castilla La Mancha y Extremadura-, más la amenaza planteada por el PSOE de presentar un recurso de inconstitucionalidad. A ello hay que añadir la posición contraria al nuevo modelo de los parlamentos de Cantabria y Asturias, que condicionan el voto de los gobiernos del Partido Popular de ambas comunidades.Al almuerzo no acudieron los presidentes de comunidades autónomas tan significativas como Galicia, Manuel Fraga; Aragón, Santiago Lanzuela, que envió al consejero de Hacienda, Rafael Zapatero, y La Rioja, Pedro Sanz, que acompañaba al príncipe Felipe en su visita por la comunidad. Fraga y Sanz mantienen serias discrepancias con el nuevo modelo.Enfado de Rato

El almuerzo fue tan "franco y duro", que el ministro de Economía, Rodrigo Rato, con cara de pocos amigos, eludió hacer declaraciones al final y salió disparado hacia la puerta de Castellana 3, sede del Ministerio de Administraciones Públicas.

No hizo lo mismo Juan José Lucas, amigo del jefe del Ejecutivo central, José María Aznar, que también fue presidente de la Junta de Castilla y León. Lucas dio la sorpresa al exigir cuatro condiciones de difícil aplicación para que el Ejecutivo pueda contar el lunes con su voto: establecimiento de topes mínimos en la cesión del 30% del IRPF; desarrollo inmediato del artículo 15 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que establece los mecanismos compensatorios; actualización del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), y distribución entre las comunidades más pobres de una parte del beneficio añadido que obtengan las más ricas con el nuevo modelo.

Las propuestas de Lucas le acercan a algunas las posiciones defendidas por las comunidades socialistas. No obstante, Lucas no rechaza el nuevo modelo, como sucede con los socialistas, sino que pretende introducir mecanismos compensatorios.

La primera condición está recogida en el protocolo que Lucas firmó en julio con el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José Bono. Esta propuesta choca con uno de los compromisos no públicos del pacto entre el Gobierno y CiU: no establecer topes, ni máximos ni mínimos.Fondos de compensación

El inmediato desarrollo del artículo 15 de la LOFCA o el establecimiento de mecanismos compensatorios con los fondos de nivelación contradice la pretensión del Gobierno de posponer su aplicación a 1997.

El secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, manifestó al Finalizar la reunión que el Gobierno estudiará todas las propuestas planteadas y que, a pesar de las diferencias, el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobará el lunes el nuevo modelo con "una amplia mayoría".

El apoyo más claro al Gobierno procede, además de la Generalitat catalana, con la que ha pactado, de las comunidades del área mediterránea, como la valenciana, la balear y la murciana, así como la de Madrid. Son las más beneficiadas con el nuevo modelo. Algunos expertos opinan que Cataluña y la Comunidad Valenciana obtienen el 65% del beneficio del nuevo modelo.