El Gobierno 'salva' de la congelación salarial a los médicos que hicieron la huelga en 1995

El Gobierno aplicará en 1997 la congelación salarial a dos millones de empleados públicos mediante "una norma de legislación básica" que anula los convenios con vigencia para el año próximo firmados en algunas comunidades autónomas, ayuntamientos o personal laboral. Pero hará una única excepción: respetará el acuerdo firmado por el gabinete socialista con la Confederación de Médicos a raíz de la huelga del pasado año. El argumento que el Ejecutivo dio ayer a los sindicatos es que "tiene fuerza de convenio, ya que fue fírmado con el comité de huelga". Las centrales darán ahora "la respuesta más dura" y han tomado "buena nota" del criterio aplicado para respetar el pacto con los médicos.

El próximo lunes, día 23, tendrá lugar una cumbre sindical de la función pública para decidir el alcance de las movilizaciones "entre las que no descartan una huelga nada simbólica". Esta reacción sindical se produce una vez que ayer el ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, les comunicó oficialmente la, intención del Gobierno de proceder a una congelación de las remuneraciones de los empleados públicos, que producirá un ahorro de 200.000 millones de pesetas. El ministro aseguró que esta decisión se ha tomado porque "hay que hacer un esfuerzo importante, ya que 1997 es el año en el que hay que acreditar el cumplimiento de los criterios de convergencia".Esa subida cero -a excepción de- los deslizamientos por antigüedad- será aplicable al conjunto de las administraciones públicas, según explicó Rajoy. "La Ley de Presupuestos establece esta norma como legislación básica aplicable a la administración central, a la autonómica y a la local", dijo. El secretario de Estado de Presupuestos, José Folgado, añadió que "en principio también es extensible a las empresas públicas".

Sin embargo, esa congelación no se va a aplicar a los médicos especialistas que amarraron un compromiso al anterior Gobierno después de tres meses de huelga. En la reunión de ayer, el secretario general del Insalud, Alberto Núñez Feijóo, informó a los sindicatos que se va a cumplir el pacto firmado con la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), por el cual los 14.000 médicos especialistas dependientes de ese organismo tendrán un incremento salarial de 10.000 pesetas mensuales de media, según infomó Carlos Sánchez, dirigente de CC OO. De ser así, el monto total anual se acercaría a 2.000 millones. Si afecta sólo a ese convenio, no afectaría a los médicos generalistas, que no hicieron huelga.

Tanto Carlos Sánchez como Julio Lacuerda (de UGT), entienden que la congelación salarial para los funcionarios tiene una consecuencia: "Pretenden que vaya a la basura el acuerdo de 1994 [firmado con el PSOE, que recogía un incremento igual a la inflación para 19971 y además cientos de convenios firmados en ayuntamientos y comunidades autónomas". Por ello van a pedir el amparo del Defensor del Pueblo y van a acudir al Tribunal de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para denunciar al Gobierno "por incumplimiento de contrato". También van a iniciar la recogida de 500.000 firmas para emprender una iniciativa legislativa que proteja el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos.

Los sindicalistas afirmaron ayer que el argumento que se les dio para subir el sueldo a los médicos -fue un acuerdo firmado con el comité de huelga de los médicos- les ha dado "una buena pista y quizá tengamos que forzar la negociación con comités de huelga", según Sánchez.Comisiones Obreras y UGT concentrarán a sus delegados a las 12 horas en todas las delegaciones del Gobierno de las capitales de provincia. Si la Administración niega el derecho a la negociación, los trabajadores saldrán a la calle, dicen los sindicatos. Por ello el 15 de octubre se realizará una manifestación en todas las capitales de provincia.

Después vendrán otros actos reivindicativos que se concretarán el día 23 en el encuentro entre CC OO, UGT, CSIF, ELASTV, CIG, USO, CGT y los sindicatos sectoriales de Sanidad, Enseñanza y Policía. La reacción del resto de sindicatos de la mesa de la función pública a la congelación fue de absoluto rechazo.