Las medicinas de menor valor terapéutico costarán más al usuario, afirma Romay

El ministro de Sanidad, José Manuel Romay, se propone aplicar "con más eficacia" el polémico medicamentazo que su partido criticó duramente, desde la oposición, y prometió derogar. A la espera de imponer la tasa de 100 pesetas por receta con un consenso parlamentario, Romay anunció ayer que establecerá límites a la financiación pública de medicamentos de menor interés terapéutico. Bien excluyéndolos, o bien poniendo un precio de referencia cuya diferencia con el comercial pagaría el usuario. Farmaindustria advierte que romperá su pacto si se lleva a cabo.

Romay, anunció ayer, al hacer balance y enumerar los proyectos de su ministerio, que la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales llevará una serie de "modificaciones legislativas", que se negó a especificar a los periodistas. El ministro reiteró que el presupuesto de Sanidad subirá el próximo año un 6%, frente al crecimiento global del 2,6% de otros departamentos, pero eso no significa que Romay haya renunciado a recortar el gasto farmacéutico -el 20% del gasto sanitario-.Su objetivo final es fomentar el uso de fármacos genéricos, aplicar "con mayor eficacia" el decreto de financiación selectiva de medicamentos y fijar precios de referencia en aquellos productos considerados de "menor eficacia terapéutica". Esto significa que el Estado fija el precio que está dispuesto a pagar por medicamento -basado en lo que cuesta la especialidad más barata del mercado- y la diferencia con el precio comercial debe asumirla el usuario.

Romay también evitó aclarar si parte de este grupo de medicamentos saldrán de la financiación pública, pasando a engrosar la famosa lista de 800 especialidades que ya fueron excluidas por el anterior gobierno socialista. Casi todos ellas, indicadas para problemas leves, fueron consideradas en su día de valor terapéutico menor.

Por toda respuesta a la referencia de las fuertes críticas que esta medida recibió del PP en la oposición, Romay comentó: "Es un instrumento más de la política farmacéutica que hay que utilizar".

Estas iniciativas legislativas no se han llevado previamente a la ponencia parlamentaria porque, según Romay, "son medidas sobre las que ya hay consenso. Son cosas que se están demandando por todas las fuerzas sociales y políticas, lo cual no impide que luego se pueda discutir su aplicación".

El freno al crecimiento del gasto no quedará aquí. El ministro volvió a referirse al establecimiento de protocolos en hospitales y atención primaria para limitar la prescripción o derivarla hacia los medicamentos más baratos dentro de los de similares características. También se revisarán los envases para adecuarlos a las dosis necesarias en cada caso. Romay anunció el establecimiento de "pactos provinciales con profesionales y colegios para el uso de especialidades más baratas en la prescripción", así como a una "revisión sobre la visita médica", en clara referencia a la presión de los laboratorios sobre los médicos que recetan.

Presión de la industria

Entre las nueve líneas estratégicas que también anunció Romay, se encuentra la puesta en marcha de los hospitales de Manacor (Mallorca) y Alcorcón (Madrid) "bajo la fórmula de fundaciones". Además, los gestores del Insalud se proponen la constitución de unidades de apoyo de los hospitales, como centros de transfusiones EFE o unidades de radiodiagnóstico, con entidad jurídica propia y regidas conforme al derecho privado, "sin salirse un ápice del sistema público", insistió.Todos estos anuncios cayeron ayer como un jarro de agua fría a la patronal que agrupa a los laboratorios. Farmaindustria, que acaba de firmar un pacto con Sanidad para retornar al Estado hasta 65.000 millones pesetas de sus beneficios en dos años, amenaza con romperlo si se llevan a la práctica. Fuentes de esta organización explicaron que tanto la variación de condiciones económicas como la del régimen de financiación pueden incidir sobre la vigencia del acuerdo".