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El Supremo tramita el recurso contra la negativa a entregar los papeles del Cesid

La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo notificó ayer a la acusación particular del caso Lasa-Zabala la tramitación del recurso presentado por su abogado, Iñigo Iruin, contra el acuerdo del Consejo de Ministros, de 2 de agosto último, que denegó la desclasificación de los papeles del Césid solicitada por el juez Javier Gómez de Liaño. La resolución contiene la designación como ponente del magistrado Gustavo Lescure y la comunicación del recurso al presidente de la sala, Ángel Rodríguez, por si decide convocar al pleno de la misma.El recurso contencioso-administrativo interpuesto en nombre de las madres de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala -secuestrados, torturados y asesinados en 1983 por los GAL- invocó la vía rápida de la ley 62 /1978, de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona, por considerar que la no entrega de determinados documentos del Cesid vulnera el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.

Gómez de Liaño había pedido al Gobierno la desclasificación de algunos de los documentos del Cesid considerados como secretos para "poder decidir mejor acerca de la índole y gravedad de los delitos investigados y sobre los indicios de culpabilidad criminal que, desde la racionalidad, han empezado a caer sobre determinadas personas"

Control judicial del Gobierno

Iruin invocó, entre otros, el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), según el cual "la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo conocerá, en única instancia, de los recursos contencioso-administrativos que se promuevan contra actos, y disposiciones emanadas del Consejo de Ministros". La función de control jurisdiccional del Gobierno puede ejercerse mediante la resolución de una de las secciones de la Sala Tercera del Supremo.La tramitación del recurso interpuesto por Iruin -que ya ha anunciado otro similar por la denegación de los papeles del Cesid relacionados con la muerte de Lucía Urigoitia- ha correspondido a la Sección Séptima de, dicha s ala. En la resolución notificada ayer, los magistrados de la misma Ramón Trillo y Gustavo Lescure designaron ponente a este último y pusieron en conocimiento del presidente la presentación del recurso "a los efectos del posible ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 197 de la LOPJ de llamar, para formar sala, a todos los magistrados que la componen".

Dicho precepto prevé la convocatoria de todos los magistrados de la sala, "aunque la ley no lo exija, cuando el presidente, o la mayoría de aquéllos, lo estime necesario para la administración de Justicia". Un precedente de la convocatoria del pleno de la sala se produjo con motivo de la impugnación de la designación por el Gobierno socialista de Eligio Hernández como fiscal general del Estado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 17 de septiembre de 1996