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El Gobierno retrasa la tramitación de la Ley de Secretos Oficiales para desactivar las críticas

El Gobierno ha decidido alargar al máximo la tramitación del proyecto de Ley de Secretos Oficiales. Con esta forma de congelación, el Ejecutivo pretende distanciar temporalmente la futura modificación del proyecto y desactivar así la carga política del aluvión de críticas que recibió al conocerse el texto. El Ejecutivo no ha solicitado el trámite de urgencia al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con lo que su informe puede alargarse sin fecha. También enviará el texto al Consejo de Estado y abrirá un "debate en la sociedad" sobre su contenido. La marcha atrás en este proyecto de ley ha sido asumida con espíritu autocrítico desde La Moncloa, donde se admite que el Gobierno tardó en reaccionar.Si la decisión del Gobierno de no desclasificar los papeles del Cesid provocó en agosto la primera oleada de críticas ajenas, el proyecto de Ley de Secretos Oficiales ha originado su primera reacción autocrítica. El Gobierno admite que reaccionó tarde ante las críticas que suscitó y lo atribuye a la ausencia del jefe del Ejecutivo, José María Aznar, que en esas fechas se encontraba en México.

Ahora trata de minimizar la carga política de las críticas con una prolongación en la tramitación y el consiguiente distanciamiento de la fecha del conflicto. El Gobierno sigue creyendo que es necesaria una ley que regule los secretos oficiales, homologable a las de otros países europeos y, por tanto, acabará promulgándola, pero, con el tiempo que se ha tomado, intenta superar lo que cree que ha sido una desfiguración del término "secreto" en el clima suscitado en la opinión pública por los escándalos en los servicios secretos españoles.

El Ejecutivo aprovechará el retraso en la tramitación para modificar el proyecto y suavizarlo. Cree que el conflicto ha estallado por los prejuicios de la opinión pública hacia lo que se espera de un Gobierno de derechas, unido a los recientes escándalos que han sensibilizado hacia la opinión pública contra lo "secreto", más que por el propio contenido del proyecto.

Modificación del texto

No obstante, el Gobierno va a limar las partes más afiladas de su proyecto. Ya se da por hecho que serán revisadas las sanciones administrativas a los medios de comunicación que publiquen secretos oficiales (de hasta 100 millones).También están en cuestión los plazos para levantar el secreto (según el proyecto podía alargarse hasta medio siglo) y no se descarta la introducción de alguna fórmula de control, inexistente en la propuesta del Gobierno. "Todo está abierto, menos la necesidad de la propia ley, que consideramos incuestionable", según fuentes gubernamentales.

Las primeras críticas a un proyecto de ley se han unido al primer pulso en los medios de comunicación contra un miembro del Gobierno, en la figura de su ministro de Defensa, Eduardo Serra, y el primer conflicto serio con uno de sus aliados, el PNV, particularmente por la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional por una parte del impuesto de sociedades y las 11 enmiendas introducidas por el PP en el Senado, que han desfigurado el convenio suscrito por los gobiernos vasco y navarro.

El Gobierno, más allá de las declaraciones, está convencido que ambos conflictos son resolubles. Con la comparecencia de mañana ante la Comisión de Defensa del Congreso del titular de Defensa, el PP trata de enterrar el caso Serra.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 17 de septiembre de 1996