Un respiro

LOS ÚLTIMOS datos, correspondientes al mes de agosto, de paro e inflación -dos de los principales desequilibrios que presenta la economía española- constituyen una buena noticia al situarse en la tendencia adecuada. Sus niveles, sin embargo, resultan aún excesivos y reflejan la notable distancia en este terreno de España respecto a las principales economías europeas. Acortarla lo suficiente no está garantizado.La reducción del paro registrado en 27.000 personas (283.000 en los últimos seis meses) no debe dar lugar a complacencia cuando son aún más de 2.134.000 los desempleados apuntados en el Inem. Estas discretas mejoras en el empleo -en el aumento de colocaciones y en el descenso del paro- se producen cuando la economía crece sólo modestamente, en torno al 2%, compatibilidad que se puede explicar en razón de la mayor flexibilidad introducida por la última reforma laboral y de una continua estabilidad de las rentas salariales. Ni que decir tiene que, dada la magnitud del problema, ahondar en estas tendencias y llegar a una reducción verdaderamente significativa del desempleo requiere un crecimiento económico claramente superior al actual.

El mantenimiento de un 3,7% de inflación anual -medida por el índice de precios al consumo (IPC)- tampoco permite echar las campanas al vuelo. Pero es inferior a lo que vaticinaban muchas previsiones. Supone un respiro. Los aumentos de los impuestos especiales, fundamentalmente sobre el alcohol y el tabaco, no se han trasladado -al menos de momento- a los precios finales, y algunos precios de alimentos, como el aceite, han descendido. Con todo, la inflación subyacente, en la que no se computan los precios más volátiles de la energía ni de los alimentos frescos, ha experimentado un aumento hasta el 3,6% anual. La distancia respecto a las economías más estables de la Unión Europea sigue siendo considerable. Existen serias dificultades para alcanzar ya no sólo los niveles exigidos para acceder a la tercera fase de la Unión Monetaria, sino incluso los objetivos sobre los que descansa el escenario presupuestario español para el próximo año. Los datos conocidos hasta ahora dan la impresión de que todo está prendido con alfileres, dependiendo de variables que escapan al control del Gobierno.

El conjunto de la política económica está supeditado a las condiciones de convergencia exigidas por el Tratado de Maastricht, hoy difíciles de alcanzar en materia no sólo de inflación, sino también de déficit y de deuda pública. Situar la tasa de inflación a finales de 1997 en un 2,6% es un empeño ciertamente difícil, pero necesario. Estamos obligados a que en el frente de las finanzas públicas se consigan los resultados deseables, dada la incidencia del IPC en las partidas de las pensiones y del pago de una deuda cuyos intereses evolucionan hoy favorablemente, aunque son vulnerables ante el cariz que adopten los próximos presupuestos.

Fundamental, pues, resulta la capacidad que el Gobierno y sus aliados parlamentarios tengan para elaborar unos presupuestos para 1997 que garanticen el cumplimiento del objetivo de déficit propuesto. La marcha atrás en la introducción. de tasas sobre las recetas de la sanidad pública -como en otras materias- son señal de dudas, vacilaciones y temores ante los costes políticos de las decisiones que han de tomar. Las reducciones de gasto y los aumentos de ingresos no pueden limitarse al ejercicio de 1997. Si así quedara, sólo se habría conseguido aplazar decisiones inaplazables.