¿Paraíso fiscal?

EL GOBIERNO ha recurrido las normas forales aprobadas por las diputaciones vascas por las que se establecen diversas ventajas fiscales, y en particular una reducción de 2,5 puntos en el impuesto de sociedades. Algunas comunidades vecinas ya habían recurrido o anunciado recursos por considerar que esa rebaja supone romper el principio de unidad de mercado y establecer en el País Vasco una especie de paraíso fiscal, en perjuicio de sus intereses.El Estatuto de Gernika atribuye a la comunidad plena capacidad para establecer su propio régimen tributario, pero siempre "atendiendo a la estructura general impositiva del Estado". Ese condicionante deriva a su vez de los principios de "equilibrio económico", "solidaridad" y "ausencia de privilegios económicos o sociales" entre los distintos territorios que garantiza la Constitución (artículo 138, entre otros). En la práctica, la Administración vasca ha utilizado su capacidad normativa en la materia para introducir diversas deducciones y otras ventajas fiscales tendentes a captar inversiones y dinamizar su economía. Ello ha dado ocasión a decenas de recursos, la mayoría de los cuales han sido ganados por las instituciones vascas.

Si pese a ello -y pese a que el PP apoyara las nuevas normas en las diputaciones vascas-, el Gobierno ha mantenido su amenaza de presentar recurso es porque el conflicto se plantea en el marco de la negociación para la renovación por un periodo de cinco años del concierto económico que rige las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco. Ese sistema ha resultado extraordinariamente beneficioso para Euskadi, actuando como colchón amortiguador de los efectos del acusado declive de su economía desde 1980.

El nacionalismo vasco intenta prolongar ese efecto mediante la mejora del concierto, reclamando, entre otras medidas, capacidad normativa en el IRPF -que ya tiene Navarra, pero no Euskadi- y la concertación de la recaudación de impuestos especiales sobre alcohol, tabacos e hidrocarburos (lo que supondría unos ingresos adicionales de unos 150.000 millones). Tal vez los nacionalistas han encontrado más resistencias de las que esperaban tras el pacto que firmaron Aznar y Arzalluz en vísperas de la investidura del primero, y cuyo punto central era precisamente la renovación del convenio. Otro punto del acuerdo era la retirada de los recursos pendientes, por lo que Ardanza piensa que la presentación del ahora anunciado "quiebra el espíritu del pacto de investidura".

El enrarecimiento en las relaciones entre el PNV y el Gobierno central producido en las últimas semanas -en tomo a los papeles de Cesid y al traslado de los presos de ETA, fundamentalmente- no es ajeno seguramente a las vicisitudes de esa negociación. La impresión dominante en el País Vasco es que el recurso es, a su vez, una pieza negociadora del Gobierno a retirar en el momento oportuno. Tal vez sea así, pero lo cierto es que tanto Aznar -en la campaña electoral - como Rato, antes del verano, mostraron su desacuerdo con la medida anunciada por las diputaciones vascas. Lo ha cían respondiendo a las presiones de las comunidades vecinas, gobernadas por los populares, pero también, seguramente, por el temor de que Pujol aprovechase una actitud demasiado permisiva o generosa con los nacionalistas vascos para subir el listón de sus propias exigencias. Un argumento del nacionalismo catalán en las últimas elecciones autonómicas fue que el gasto público en Cataluña había sido en 1994 de unas 100.000 pesetas por persona, mientras que en las comunidades forales, País Vasco y Navarra, superaba las 225.000.