La intervención de Alberto II en la crisis de BéIgica deja en evidencia a la clase política

Bélgica está sumida en una profunda crisis de identidad. La intervención directa del rey reclamando una reforma de la justicia ha sorprendido con el paso cambiado a la clase política, incapaz de censurar a un monarca que ha preferido acercarse al pueblo que cumplir a rajatabla su papel constitucional. Pero las buenas intenciones de Alberto II pueden acabar poniendo en entredicho la neutralidad de la monarquía en un momento en que la sacudida de escándalos en el sur del país, francófono, ha dado alas a los radicales flamencos del norte para elevar el tono de sus exigencias.

El reino se debate entre la necesidad o no de sumergirse en una catarsis colectiva a la italiana, un camino que para algunos puede ser la única forma de que el ciudadano recupere la fe en las instituciones. La intervención directa del rey Alberto II en la crisis, situándose por encima del bien y del mal, ha merecido la crítica de algunos constitucionalistas y políticos, pero ha sido recibida con una gran cautela general, dando más importancia al fondo que a la forma. El Gobierno la hizo suya el mismo martes por la noche para evitar quedar en entredicho, pero para algunos esa declaración no basta para justificar la iniciativa real. Ayer afirmó que el comunicado de Alberto II había sido pactado con el ministro de Justicia.Todos están de acuerdo con lo que pide el rey: una justicia más humana y más eficaz, una investigación a fondo y con todas las consecuencias, un combate internacional contra la pederastia... La popularidad de sus demandas ha acabado poniéndose por encima de la legalidad de su intervención, aunque no han faltado reproches de gran calado.

Los medios de comunicación, lo mismo en el norte flamenco como en el sur francófono, explican las dudas jurídicas que suscita la decisión de palacio, pero por encima de ello resaltan la bondad de su objetivo: calmar la crisis político-judicial. Algunos, empero, son críticos. Para el prestigioso De Standaart, "el rey ha infringido las reglas". El populista Het Laastste Nieuws va mucho más allá: "Se trata de un precedente peligroso. Su intervención directa no hace más que reforzar el sentimiento de la opinión pública ' de que los políticos no cumplen. con su trabajo. Eso mina la dernocracia". Le Soir, en cambio, resalta que es el Gobierno el que ha hablado a través del rey y que su actuación ha sido "excepcional en la forma, pero conforme a las reglas".

La iniciativa de Alberto II ha sido un flaco favor para la clase política, atenazada por la duda de si atacar al rey con la Constitución en la mano -a sabiendas de que sus palabras reflejan el sentir de los belgas- o callar. Sólo los liberales francófonos (en la oposición) se han atrevido a criticar abiertamente al rey. Su presidente, Louis Michel, comparte las buenas intenciones de palacio, pero advierte que esos debates corresponden al Parlamento: "No podemos desplazar el centro de gravedad de la democracia. Es al Parlamento a quien corresponde controlar al Gobierno y verificar el buen funcionamiento de nuestras instituciones respetando estrictamente lo! poderes de cada uno".

La crisis institucional del país ha reavivado el fuego del enfrentamiento histórico entre Flandes y Valonia. Los radicales flamencos no han querido dejar p asar una ocasión de oro para echar porquería sobre los socialistas francófonos. El líder parlamentario de Volksunie ha pedido pura y simplemente "el desmantelamiento del Partido Socialista [PSI", francófono. También los moderados del CVP (partido del primer ministro Jean-Luc Dehaene) empiezan a lanzar torpedos, aunque de menor calibre: "No podríamos seguir siendo socios [de coalición en el Gobierno federal] si el PS intentara impedir la investigación sobre la investigación", dice su presidente, Marc van Peel.

Los jueces de Lieja confirmaron ayer la orden de prisión para cinco inculpados por el asesinato de André Cools, entre ellos el ex ministro socialista Alain van der Biest. Un sexto inculpado, Pino di Mauro, se entregó ayer a la policía a la vuelta de sus vacaciones en Francia.

El relanzamiento de la investigación de este crimen, cometido en 1991, se produjo gracias a una detallada declaración anónima el pasado 3 de septiembre. La declaración es extraordinariamente precisa sobre cómo se mató a Cools, pero no precisa quién ordenó el crimen, ni cómo se financió ni cuál fue el móvil. El abogado de Alain van der Biest afirmó ayer, tras conocer esta declaración anónima, que en la misma "se alude" también a otros políticos que no han sido citados a declarar por la juez.