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El Gobierno aparca la Ley del Cesid ante la tormenta desatada por la de Secretos Oficiales

Miguel González

La anunciada Ley del Cesid no verá la luz. Al menos, por ahora. Ante la tormenta política desatada por el proyecto sobre secretos oficiales, el Gobierno ha optado por aparcar la norma que debe regular el centro de espionaje y tomarse un "periodo de reflexión". El borrador, del que fue informado el Consejo de Ministros del viernes y cuya aprobación se anunció como inminente, ha sido guardado en un cajón. El argumento esgrimido para el retraso es que la Ley del Cesid contiene alusiones a la de secretos y no se puede aprobar la primera mientras no se sepa cómo queda definitivamente la segunda.

El vicepresidente primero, Francisco Álvarez Cascos, anunció el viernes que el Gobierno está dispuesto a. modificar el proyecto de ley de Secretos Oficiales.Aludió en concreto a sus dos aspectos más controvertidos: la multa de hasta 100 millones de pesetas prevista para los medios de comunicación que secretos y el plazo de 50 años que debe pasar antes de que se desclasifiquen automáticamente dichos documentos.

Pero la rectificación no se refiere exclusivamente a este texto. También afecta al proyecto de ley reguladora del Cesid, complementario del anterior, cuya acelarada elaboración se ha frenado en seco. El Gobierno no quiere echar más leña al fuego y, además, considera que el clima político que se ha generado no es el más propicio para debatir sobre las normas de funcionamiento y métodos de control de los servicios secretos.

Algunos apartados del borrador que se estaba elaborando habrían levantado, sin duda, polémica. Por ejemplo, las facultades y la composición de la comisión parlamentaria que debe controlar al Cesid, que se pretende lo más restringida posible, lo que supondría excluir a algunas fuerzas políticas. 0 las competencias y el sistema de elección del superjuez encargado de controlar las actividades del centro.

Revisar la necesidad de la ley

Las fuentes consultadas estiman que el Gobierno va a replantearse a fondo el tema y que va a revisar incluso la propia necesidad de la ley. "Lo importante es modernizar y racionalizar el Cesid. La ley sólo es un instrumento para conseguirlo", sostienen.

- La anunciada rectificación de la ley de Secretos Oficiales demuestra que el Gobierno, en su afán por abrir una nueva etapa tras la decisión de negar a los jueces los papeles del Cesid sobre la guerra sucia, adoptada el 2 de agosto, se ha precipitado.

Ahora se reconoce que quizá el texto que se hizo público no estaba suficientemente maduro y requería un análisis más sosegado. No se quiere cometer el mismo error con la ley del Cesid.

"Se ha dado la impresión de que el Gobierno pretende blindarse, cuando es todo lo contrario. Cualquier ley que se haga será mejor que la situación actual, con una normativa dudosamente constitucional que el PSOE no ha sido capaz de cambiar en los 13 años que ha estado en el poder", argumentan otras fuentes gubernamentales.

El anuncio de que se rectificará la ley de Secretos Oficiales, ratificado por el propio José María Aznar en México, fue acogido ayer con satisfacción por el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Luis Martí Mingarro, quien dijo que "es un acierto ser dialogante, admitir la contradicción y corregir el rumbo".

También el diputado socialista Pedro Moya se felicitó del cambio, pues al Gobierno "se le fue la mano" con un proyecto que tiene "enormes fallos y lagunas". Por el contrario, Iñaki Ansagasti, portavoz del PNV en el Congreso, dijo que no basta retocar el texto para que deje de ser una ley mordaza: "Hay que darle la vuelta como a un calcetín".

Plan de destrucción de los documentos secretos "para casos de emergencia"

"El material clasificado será destruido por medio del fuego, procedimientos químicos o, cuando éstos no existan, artefactos que los reduzcan a pulpa o fragmentos tan minúsculos que imposibiliten su reconstrucción. En todo caso, la destrucción habrá de ser completa".La cita anterior pertenece al decreto de desarrollo de la ley de Secretos Oficiales de 1968, aprobado el 5 de febrero de 1969 a propuesta del vicepresidente del Gobierno, el almirante Luis Carrero Blanco.'

En teoría, dicho decreto sigue vigente. Por lo menos, en parte. La ley de Secretos Oficiales de octubre de 1978, con la que el primer Parlamento democrático reformó la legislación promulgada por Franco diez años antes, no derogó este reglamento, sino que ordenó "adaptarlo" a la reforma legal.

La adaptación nunca se hizo. Por otro lado, la reforma de 1978 no aludía a la destrucción de documentos. Tampoco la prohibía. Así que, cabría interpretar, se mantenía la normativa anterior. Y ésta no puede ser más favorable al Ejecutivo.'

Cualquiera de las autoridades facultadas para calificar secretos -el Consejo de Ministros y la cúpula militar, según la ley todavía vigente puede ordenar la destrucción de los documentos sin más requisito que el hecho de que, en su opinión, "el material resultare ya inservible".

Los organismos que guarden documentos secretos, agrega el reglamento, "deberán tener previsto, para casos de emergencia, un plan de destrucción" de los mismos y adoptarán Ias medidas tendentes a que sean destruidos en el más breve plazo".

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Sobre la firma

Miguel González
Responsable de la información sobre diplomacia y política de defensa, Casa del Rey y Vox en EL PAÍS. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1982. Trabajó también en El Noticiero Universal, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Experto en aprender.

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