La oposición exige al Gobierno que el Pacto de Toledo vaya en una ley ajena a los Presupuestos

Los principales grupos de oposición -PSOE e IU-IC- presionan de forma coordinada al Gobierno para que el Pacto de Toledo vaya en una ley ajena a los Presupuestos de 1997 y así despejar incertidumbres para años futuros sobre la financiación del sistema y sobre la revalorización de las pensiones. El Ejecutivo defiende que la mayor parte se refleje en los Presupuestos y en la ley de acompañamiento, según manifestó ayer el secretario de Estado de Seguridad Social, Juan Carlos Aparicio, tras su reunión con los partidos a los que entregó un documento con el impacto de sus propuestas: el ahorro será de apenas una décima del PIB-entre 70.000 y 80.000 millones- en el 2000.

El desarrollo del Pacto de Toledo supondrá un mínimo recorte del gasto en pensiones y tan sólo se limita a frenarlo.El Gobierno prevé que, si todas las medidas están en marcha en el año 2000, el gasto en pensiones será un 9,03% del PIB. Si no se reforma nada, el gasto sería el 9,13% del producto interior bruto. El secretario de Estado de la Seguridad Social aseguró: "No habrá reducción del gasto en pensiones, sino que crecerá de forma ordenada y en proporción con el crecimiento de la economía".Pero el impacto de la reforma por colectivos es muy desigual. El aumento de 8 a 15 años para calcular la pensión perjudica significativamente a los autónomos y trabajadores que inflan las cotizaciones en los últimos años de su vida laboral. Quienes utilizan esa práctica sufrirán un fuerte recorte cuando se jubilen. En el documento entregado por el Gobierno a los grupos parlamentarios -se hace una proyección de lo que denomina "caso típico de compra de pensiones": un cotizante que paga los cinco primeros años por la base mínima, los dos siguientes por la máxima del grupo 5 y los últimos 8 años por la base máxima. Con la norma actual y 35 años de cotización recibiría una pensión de 276.996 pesetas y tras la reforma quedará en 218.681 pesetas, es decir tendrá un recorte del 21% en su prestación.

En cambio, esa misma norma beneficia considerablemente a los trabajadores que en los últimos años de su vida laboral quedan en desempleo -la pensión aumenta un 32% para quien haya cotizado 35 años y quede en paro los cuatro últimos-. Para los cotizantes que tengan una vida laboral regular, el aumento de 8 a 15 años para el cálculo de la pensión no supondrá apenas variación en su prestación.

La medida que puede producir más ahorro es la penalización de las jubilaciones anticipadas, pero es también la que ofrece más dudas. El diputado del PSOE José Antonio Griñán ve muy difícil distinguir entre jubilaciones anticipadas forzosas y voluntarias, sobre todo en la pymes, y cree que se puede abrir una vía de fraude. El mismo criterio tiene Francesc Horris (CiU), quien precisó que las eventuales medidas sobre jubilación anticipada no tendrán carácter retroactivo y, en consecuencia, no se aplicarán a los trabajadores afectados por anteriores ajustes de plantilla aunque no hayan cumplido los 60 años de edad.

Una de las principales peticiones del PSOE, compartida por IU-IC, es que el Gobierno elabore un proyecto de ley específico y que deje para los Presupuestos sólo los reflejos contables y numéricos del Pacto de Toledo. Griñán cree también necesario un compromiso para dedicar a pensiones un porcentaje del PIB entre el 9% y el 10% y sugiere buscar vías para financiar la Seguridad Social "adicionales [a las cotizaciones sociales], estables y previsibles que no supongan ningún margen de riesgo para el empleo".

Pedro Vaquero (IU) reclama "un compromiso del Estado para garantizar la suficiencia del sistema público y que no haya inhibición ante una eventual descompensación de los ingresos y los gastos". El diputado de Izquierda Unida aseguro que para su grupo es importante conocer qué eco tienen las propuestas de los sindicatos así como los textos donde el Gobierno plasma sus propuestas.