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El Gobierno descarta la tasa sobre las autovías y Sanidad confirma la posibilidad del canon por receta

Jesús Mota

El Gobierno ha renunciado a implantar una tasa sobre el uso de autovías estatales como sistema para aumentar la recaudación en el Presupuesto 1997. Las razones que aconsejan esta renuncia son la amenaza real de conflictos por una posible inconstitucionalidad y sobre todo, por las dificultades de gestión, prácticamente insalvables hoy. Oficialmente, el Ministerio de Economía advierte que "hasta el 28 de septiembre, fecha en que se cerrará el Presupuesto, no hay nada cerrado".No hay marcha atrás, en cambio, en el caso de las medicinas. El Ministerio de Sanidad, en declaraciones oficiosas a varias agencias, reconoció que se estudian fórmulas para que los ciudadanos que utilizan los servicios farmacéuticos aporten más dinero. Las mismas fuentes negaron con rotundidad que se vayan a cobrar los servicios médicos. La tasa por receta podría ser, según los estudios realizados, de 100 pesetas. Este pago, del que estarían exentos los enfermos crónicos, supondría unos ingresos para el Estado de unos 52.000 millones.

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El departamento de Sanidad añade que si finalmente se aprueba la opción de la tasa por receta u otras que se consideren viables, se negociarán con los "agentes sociales implicados". Las reacciones han sido inmediatas. UGT, a través del secretario general de la función publica, Ramón Ortega, considera que el cobro de una cantidad por receta "castiga al ciudadano por el camino de la selección económica". CC OO rechaza el aumento de la participación financiera de los usuarios en los servicios médicos, que suponen "un impuesto sobre la enfermedad".

El portavoz de CiU en el Congreso, Joaquim Molins, reiteró ayer que el rigor no debe recaer sobre la sanidad y su financiación. En declaraciones a Onda Cero, Molins dijo que el cobro por algunos servicios médicos y la expedición de recetas aún no se ha decidido pero dijo que "cualquier esfuerzo que se pida a los ciudadanos debe revertir en un mejor servicio y no en hacer autovías".

El secretario de Organización del PSOE, Cipriá Ciscar, señaló que el Gobierno "está sembrando la confusión sobre el cumplimiento de los criterios de Maastricht, poniéndolos de parapeto para justificar sus propios errores". Los ciudadanos, añadió, "deben saber que el Gobierno complace a sus amigos políticos y económicos a costa de aumentar los impuestos e imponer todo tipo de tasas".

El secretario de Economía de IU, Salvador Jové, señaló que las diferencias entre el Gobierno y CiU a la hora de negociar los Presupuestos se ciñen a "cuestiones particulares" ya que comparten "la filosofía del ajuste duro y de desmantelamiento del Estado del bienestar".

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