España es el tercer país europeo en gasto para ayuda social, a la que dedica el 1% del PIB

España dedica a asistencia social de colectivos desprotegidos el 1% del producto interior bruto (PIB), lo que la sitúa como el tercer país de la Unión Europea -tras Holanda y Dinamarca- que mayor proporción de sus recursos dedica a servicios sociales, según un estudio realizado por un equipo de la Universidad Autónoma de Madrid, bajo la dirección del profesor José Barea, actual director de la Oficina Presupuestaria. En 1990 las administraciones públicas españolas destinaron a la protección de sectores desamparados 515.903,6 millones de pesetas. Las familias contribuyeron con otros 2.523,9 millones. Minusválidos, ancianos y menores son, por este orden, los más beneficiados.

Según las conclusiones del estudio, Gasto público en servicios sociales en España: marco teórico y metodología para su cuantificación, culminado el pasado mes de marzo y que próximamente será publicado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, entre 1980 y 1990 España duplicó su esfuerzo en la atención de los segmentos de población más desamparados y que carecen de la cobertura de la Seguridad Social. Según Barea, el recorte presupuestario previsto para el año próximo por el Gobierno del PP no afectará a este tipo de gastos sociales."Entre 1980 y 1990, España ha hecho un gran esfuerzo en atender a los más necesitados, situándose a la cabeza de los países europeos con mayor protección social", señaló en los Cursos de Verano de La Granda (Asturias), el profesor José Barea, director de la Oficina Presupuestaria del Gobierno, al hacer públicas las conclusiones más significativas del estudio que él mismo ha dirigido, después de que en 1991 le fuera encargado por el Gobierno socialista. Sólo Holanda y Dinamarca, que destinan a estos fines entre el 1,7% y el 1,8% de su PIB, se sitúan por delante de España en la proporción de la riqueza nacional destinada a protección de grupos sociales necesitados, mientras sólo otros dos países de la Unión Europea alcanzan magnitudes relativas similares a las de nuestro país: en torno al 1% de su PIB.

El informe, que excluye las percepciones de la población protegida por la Seguridad Social (servicios sanitarios, pensiones y prestaciones por desempleo), analiza y cuantifica exclusivamente el gasto en beneficencia de las administraciones públicas, organismos autónomos de la Administración y todos aquellos agentes públicos implicados en la asistencia social, caso de la ONCE y de su fundación, Cáritas, Cruz Roja y otros.En 1970 el gasto público en asistencia social representaba en España entre el 0,4% y el 0,7% del PIB. Veinte años después se dedicaba a ese fin el 1% de la riqueza nacional. Aunque los datos no son homogéneos -sí lo son los manejados para el periodo 1980-1990-, el estudio realizado ha permitido determinar una tasa media acumulativa en gastos de asistencia social del 26,06% en pesetas corrientes durante los 20 años analizados. "La tasa de crecimiento también ha sido muy intensa incluso en pesetas constantes", señaló el profesor Barea. En pesetas constantes de 1986, la tasa media acumulativa del gasto público en asistencia social fue del 13,15% entre 1970 y 1990. Pero el gran impulso se verifica después de 1980. En el decenio anterior (1970-1979) la tasa media acumulativa fue del 7,47% para pasar al 10,24% entre 1980 y 1990. "El gasto corriente supone más del 90% de estos recursos", sostiene José Barea. "El gasto de sostenimiento es muy elevado respecto a la inversión".

Colectivos beneficiados

De los 518.427,5 millones de pesetas empleados en España en 1990 en servicios sociales, (513.202,3 millones de pesetas aportados por las administraciones públicas y 2.523,9 millones, por las familias), los minusválidos recibieron el 37,4%; los ancianos -excluidas las pensiones-, el 18%; y los menores, el 9,8%. Otros colectivos (marginados, inmigrantes, drogadictos, pobres, refugiados y otras personas necesitadas) captaron el 10%. Las víctimas del síndrome tóxico -sin contabilizar los gastos sanitarios- se beneficiaron del 1,2%. La promoción de la juventud y de la mujer supuso el 3% y el 1%, respectivamente, aun cuando advierten los autores que ambas partidas no cabe conceptuarlas como asistencia social.El estudio, realizado por un equipo de 12 profesores durante los últimos cuatro años, supera los 3.000 folios.