Perote pidió ayuda a Galindo para salir de prisión antes de implicarle en la guerra sucia contra ETA

El coronel Juan Alberto Perote, ex jefe de la Agrupación Operativa del Cesid, recurrió al general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo para intentar zafarse del proceso que tiene abierto en la jurisdicción militar y que puede costarle 10 años de cárcel. Un hermano de Perote se entrevistó el pasado verano en Madrid con Rodríguez Galindo, a quien pidió que intercediese ante el Gobierno en favor de su pariente. La gestión no dio ningún resultado. Meses después, Perote aportó indirectamente al juez Javier Gómez de Liaño los documentos que le permitieron encarcelar al antiguo jefe de Intxaurrondo.

El pasado verano, en los últimos días de junio o principios de julio, un hermano de Perote, coronel en la reserva como él, llamó por teléfono a Rodríguez Galindo y le pidió una cita. El juez togado militar Jesús Palomino había ordenado detener, el día 18 de junio, al antiguo número dos del Cesid, Juan Alberto Perote, tras la publicación por El Mundo de documentos del servicio secreto que probaban la realización de escuchas sin permiso judicial.Rodríguez Galindo, que se encontraba en Madrid acabando el curso de ascenso a general, acudió a la reunión con el hermano de Perote, quien le pidió que intercediera ante el Gobierno para conseguir la puesta en libertad de su pariente, insinuando que de lo contrario las consecuencias podrían ser muy graves.

El ex jefe del cuartel de la Guardia Civil en Intxaurrondo (San Sebastián) le explicó que no podía hacer nada por Perote, ya que carecía de la influencia que le suponía su interlocutor. Galindo se limitó a transmitir a sus superiores el contenido de la entrevista. Días después, el hermano de Perote volvió a telefonearle, ya más, tranquilo, pues le dijo que las gestiones para conseguir la libertad iban por buen camino.

Negociación paralela

La entrevista con Galindo fue paralela a las conversaciones que Jesús Santaella, abogado de Perote y del ex presidente de Banesto Mario Conde, y Mariano Gómez de Liaño, socio del banquero, mantenían con el Gobierno.Santaella, qué el 23 de junio fue recibido en La Moncloa por el presidente Felipe González y el ministro Juan Alberto Belloch, pretendía que se neutralizaran las causas judiciales contra sus dos clientes y que se indeminizara a Conde con 14.000 millones de pesetas, a cambio de ayudar a resolver el problema creado por el robo de los papeles del Cesid.

Rodríguez Galindo no fue el único militar tocado por el entorno de Perote, fuertemente vinculado con las Fuerzas Armadas. Varios generales recibieron mensajes similares; entre ellos, el ex director general del servicio secreto, Emilio Alonso Manglano, que también acabó imputado, en varios sumarios de los GAL por las declaraciones de quien fue su hombre de máxima confianza.Perote salió de la cárcel de Alcalá de Henares (Madrid) el 15 de julio del año pasado y quedó en arresto domiciliario, después de que el Tribunal Militar Central revocase parcialmente su procesamiento. No obstante, el 29 de septiembre, tras la publicación de nuevos papeles secretos por El Mundo, reingresó en la prisión militar, donde hoy sigue.

Las conversaciones entre los representantes del Gobierno y los abogados de Conde quedaron rotas el 1 de septiembre. El 20 de septiembre, un día después de que EL PAÍS revelase la operación de chantaje, El Mundo aseguró que los papeles del Cesid implicaban al Gobierno y a Intxaurrondo en siete homicidios.

El 6 de octubre, Perote compareció ante Garzón, a quien reveló por vez primera que la nota de despacho que remitió a Manglano el 28 de septiembre e 1983, advirtiéndole del inminente inicio de "acciones violentas en el sur de Francia", aludía expresamente a "la Comandancia de San Sebastián", donde estaba destinado Rodríguez,Galindo.

Registro providencial

Aunque el contenido de la nota fue reproducido por El Mundo y Perote ofreció a Garzón una prolija descripción de éste y otros documentos del Cesid, el juez sólo disponía de una copia de la llamada acta fundacional de los GAL, que se le hizo llegar a través de García Damborenea.Por eso emprendió una batalla legal con el Gobierno para que le entregase los documentos secretos. El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción le quitó la razón, pero el juez acabó haciéndose con los papeles. Los encontró, providencialmente, en la propia celda de Perote, durante un registro, el pasado 8 de febrero.

Allí estaban, entre otros papeles, la famosa nota de septiembre de 1983 y la transcripción de dos supuestas conversaciones entre Rodríguez Galindo y el agente del Cesid Pedro Gómez Nieto y entre éste último y Perote.De estos tres documentos, que le facilitó Garzón, dedujo el juez Javier Gómez de Liaño "diáfanas implicaciones" del ex jefe del cuartel de Intxaurrondo en el asesinato de Lasa y Zabala. Así lo hizo constar en el auto de ingreso en prisión de Rodríguez Galindo, dictado el 23 de mayo.