La maldición de Colosio

El saber no ocupa lugar pero en ocasiones abre espacios en los cementerios. Los policías y fiscales mexicanos que han participado en las investigaciones del asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) abatido a balazos en Tijuana hace 29 meses, a buen seguro preferirían ignorarlo todo. Desde la fatídica tarde de aquel 23 de marzo de 1994 en que México se conmocionó como no sucedía quizá desde los tiempos de la Revolución o de la nacionalización del petróleo en 1938, cinco altos funcionarios de la Policía o de la Procuraduría General de la República (PGR) han caído bajo el plomo.El pasado sábado, Jesús Romero, el primer fiscal que interrogó oficialmente a Mario Aburto, el único condenado por el magnicidio, fue el blanco de 14 disparos en su casa de Tijuana. Con él, ya son diez los investigadores, o personas vinculadas con éstos, asesinados. Y prestigiosos juristas han arruinado su reputación al sostener desde altos cargos de la Justicia versiones del crimen que nadie cree. Implicarse en el caso Colosio es una maldición. Con el cuerpo de Colosio todavía caliente, se produjeron sospechosos asesinatos en Tijuana. No faltan quienes especulan que las víctimas podrían ser los verdaderos autores materiales de los balazos a Colosio.

Dosis de plomo

El reguero de sangre continuó. Federico Benítez, jefe de la policía tijuanense que indagaba por cuenta propia, recibió otra dosis de plomo un mes después. Sergio Armando Silva, comandante de la Policía Judicial (federal), y Jorge Arturo Ochoa, delegado de la PGR en Baja California corrieron meses más tarde el mismo destino. Tampoco hubo piedad hacia Rebeca Acuña, novia de Silva.El embrollo es mayúsculo aunque casi nadie duda de que el atentado contra Colosio se cocinó en las alturas del poder. Ayer mismo la revista bimensual de la archidiócesis de México lo sugería. La tesis inicial del asesino solitario se derrumbó cuando el fiscal especial del caso, Pablo Chapa, aseguró en febrero del año pasado que el crimen fue producto de un contubernio. La PGR imputó a Othón Cortés, militante del PRI y miembro del cuerpo de seguridad del candidato, la responsabilidad del segundo disparo. La PGR no pudo demostrarlo en el juicio y Cortés salió a la calle hace dos semanas. Chapa también salió. Pero de la fiscalía. El presidente Ernesto Zedillo lo destituyó fulminantemente.

Zedillo propuso, en una iniciativa de más que dudosa constitucionalidad, que el Parlamento nombrara a un cuarto responsable de las investigaciones. El izquierdista Partido de la Revolucion Democrática (PRD) pronto se desmarcó. Sin embargo, crece día a día el número de diputados y senadores del PRI -que ostenta el poder desde hace siete décadas- y del conservador Partido de Acción Nacional (PAN) que se deslindan de la iniciativa. Los políticos prefieren no recoger esta patata caliente. Y los letrados de prestigio consultados por los legisladores para hacerse cargo del caso rechazaron la propuesta. Ser un cadáver político no es atractivo. La clase política, especialmente el PRD, reclama que el ex presidente Carlos Salinas de Gortari y así como el jefe de gabinete y mano derecha del controvertido mandatario, José Córdoba, comparezcan para testificar.

Zedillo ha asegurado desde el comienzo de su sexenio, hace casi dos años, que se llegará hasta el fondo del asunto. Que la impunidad terminó en México. Pero las dificultades son inmensas en el caso Colosio. Haber nombrado al comienzo de su mandato a un político de la oposición, Antonio Lozano, del PAN, procurador general (ministro de Justicia) provocó un fulgurante avance de las investigaciones a raíz de la detención de Cortés para luego dar marcha atrás. Hoy, sólo Aburto, un joven que insiste en su inocencia, está condenado a 45 años de cárcel por el crimen. Aunque no puede demorarse la designación, todavía no hay fiscal. Al parecer, ahora nadie quiere saber más.