Interior y Gómez de Liaño se contradicen al explicar el retraso en el registro de 'Egin'

Interior y el juez Javier Gómez de Liaño se contradicen sobre las causas de que el registro del diario Egin, tras la detención de dos de sus redactores, se produjese con más de 30 horas de retraso sobre el plan de la Guardia Civil, lo que causó malestar en sus mandos. Según Liaño, lo autorizó en la mañana del domingo, una hora después de solicitársele. Según fuentes de Interior, el juez no puso objeciones el sábado al ser informado oralmente, pero luego exigió una petición formal.

Con una iniciativa sin precedentes en el ámbito judicial, Gómez de Liaño difundió ayer un comunicado para "aclarar" informaciones de EL PAÍS y Abc referidas, respectivamente, al malestar de la Guardia Civil por el retraso en el registro de Egin y su negativa a prorrogar la estancia de los dos periodistas detenidos en dependencias del cuerpo."La única solicitud de mandamiento de entrada y registro [en Egin]", afirma el magistrado de la Audiencia Nacional, "se produjo a las 10.52 horas del día 18 [domingo]. Y, previo informe del Ministerio Fiscal, a las 11.40 del mismo día, esa petición fue atendida mediante el auto y mandamiento correspondientes".

Sin embargo, Gómez de Liaño no hace referencia alguna al dato que sostienen fuentes próximas al Ministerio del Interior y según el cual él ya había comunicado oralmente a los investigadores que no habría problema alguno para que agentes de la Guardia Civil penetraran en Egin poco después de ser detenidos en sus domicilios sus redactores Fernando Alonso y Andoni Murga. De hecho, la Guardia Civil los arrestó en la madrugada del sábado y tenía previsto entrar en el periódico hacia las ocho de la mañana del mismo día.

Cuando horas después, con la operación ya en marcha, el juez puso objeciones al registro inmediato, mandos de la Guardia Civil interpretaron que se trataba de una negativa. Así fue recogido el domingo, entre otros medios, por EL PAÍS y El Mundo sin que Liaño desmintiera la noticia ni emitiese nota alguna.

En el comunicado que difundió ayer, Liaño afirma: "Ninguna señal de queja o muestra de inquietud han llegado a este juzgado de parte de los miembros de la Guardia Civil que, como policía judicial, han intervenido en el sumario de referencia. Y, recabado el parecer de altos mandos de la Benemérita Institución, la opinión recibida al respecto ha sido de tono diferente al que aparece publicado".

Tampoco en este punto hay coincidencias entre Liaño e Interior. Fuentes de este departamento sostienen que, en opinión de los agentes que participaron en la operación, la actuación del juez y el consiguiente retraso en el registro pudo originar la desaparición de algunas pruebas, hipótesis que causó un "fuerte malestar" en mandos del instituto armado.

En las mesas de Alonso y Murga se encontró, según los investigadores, una lista de cerca de veinte empresarios a los que, presuntamente, tendrían previsto intimidar por negarse a pagar a ETA el impuesto terrorista.

Las mismas fuentes corroboraron el dato, facilitado por EL PAÍS, de que la Guardia Civil solicitó el registro el mismo sábado por la mañana, pocas horas después de que los periodistas fueran detenidos en Hernani (Guipúzcoa). Por su parte los portavoces oficiales de Interior evitaron terciar en la polémica y declinaron efectuar comentarios al respecto.Según las fuentes consultadas por EL PAÍS, Liaño estuvo al tanto de las detenciones que iba a practicar la Guardia Civil en la mañana del sábado, y en las horas previas a ellas no puso impedimento alguno, antes al contrario, al propósito de los investigadores de registrar las estancias de Egin en que trabajaban los presuntos activistas.

"Pertenece al sentido común, y más en el caso de dos periodistas, de Egin", subrayaron, "que las detenciones de los sospechosos sean completadas con los registros no sólo de sus domicilios, sino también de sus lugares de trabajo".

La actitud de Liaño cambió radicalmente en el momento en que, efectuados los arrestos, se vio ante la decisión de autorizar el registro: "Lo que antes eran facilidades se convirtieron en apelaciones al cumplimiento de las formalidades y en obstáculos y demoras que aplazaron la inspección más de 24 horas".Los investigadores, añaden, no confiaban ya en obtener resultado alguno cuando el domingo al mediodía llegaron a Egin con el mandamiento judicial y acompañados del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de San Sebastián, Justo Fernández. "El tiempo transcurrido desde que se hicieron públicas las detenciones era más que suficiente", matizan, "para que cualquier dato comprometedor hubiera desaparecido de los cajones y los ordenadores de los sospechosos".Las fuentes consultadas por EL PAÍS consideran formalmente correcta la versión de Liaño, pero esencialmente falsa: "Es cierto que la solicitud formal por escrito fue presentada el domingo, una vez constatado que el juez sí parecía dispuesto entonces a autorizar la entrada en Egin, pero lo que no dice es que le fue solicitada verbalmente desde primeras horas de la mañana del sábado y con mayor énfasis a partir del descubrimiento del amonal y de las armas".

Esas fuentes reiteran el malestar, a su juicio patente, que la actuación de Liaño ha creado: "Nadie busca la polémica estéril, pero está claro que su postura ha podido perjudicar seriamente el desarrollo de la investigación".

José Luis Requero, magistrado de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia y secretario general de la Asociación Profesional de la Magistratura, criticó que Liaño se dirigiese a los medios informativos a través de un comunicado: "Objetivamente, no es norrnal".

El secretario de Estado para la Comunicación, Miguel Ángel Rodríguez, no entró en la polémica. Se limitó a manifestar en Santander que Egin "no se debe cerrar", sino que hay que actuar legalmente contra quien "hace las cosas mal" porque, dijo, "no se debe confundir el cierre de un periódico con terminar con ETA".

HB alega que las detenciones de Alonso y Murga están siendo utilizadas dentro de una campaña contra Egin y dan por sentado que ambos han sufrido torturas en los interrogatorios.